Este lunes se inicia en Quito el juicio contra el expresidente ecuatoriano, el exvicepresidente Jorge Glas y otros 19 altos funcionarios de su Gobierno por presunta corrupción.
Ecuador instaló la audiencia contra el exmandatario Rafael Correa, acusado de un presunto delito de fraude financiero durante su campaña y de aceptar millones de dólares en sobornos.
“Están desesperados para evitar mi participación en las próximas elecciones (previstas para febrero de 2021), porque saben que los vamos a derrotar”, ha dicho Correa, en entrevista con RT, al respecto de este juicio.
Al parecer, resulta una movida muy similar a la aplicada contra Evo Morales, quien después de haber sufrido un golpe de Estado contra su gobierno, la administración de facto también le persigue judicialmente para menoscabar su papel en los próximos procesos electorales.
Un total de 21 personas acusadas de cohecho dentro del denominado ‘Caso Sobornos’ serán juzgadas, incluido el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, y la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte.
La Fiscalía ecuatoriana señala la presunta participación de los exfuncionarios en la financiación de actividades proselitistas del partido político de Correa, Alianza PAÍS, con dinero de empresarios contratistas estatales.
Según la Fiscalía, los supuestos sobornos realizados durante el período que abarca la causa, de 2012 a 2016, superan los 7,5 millones de dólares.
“Instrumento de persecución”
“No existe Justicia en Ecuador, es un instrumento de persecución”, ha enfatizado el exmandatario, al tiempo que señaló que “están desesperados, viendo qué se inventan”.
“Es el ‘lawfare’, porque no nos pueden vencer en las urnas, entonces tratan de, primero, destruir nuestra reputación y, segundo, buscar por medio de la Justicia que no podamos participar en elecciones”, argumentó.
Correa explicó que, pese a la premura con la que llevan el caso, a la Justicia local no le daría tiempo de inhabilitarlo para participar del proceso electoral del año próximo.
“Incluso si en noviembre saliera la sentencia, sería primera instancia, yo puedo apelar, no habría sentencia en firme y, de acuerdo a la Constitución y todos los instrumentos de derechos humanos, yo podría inscribirme como candidato”, detalla.
El ‘Caso Sobornos’
Este caso se inició cuando el portal de comunicación La Fuente publicó, en mayo de 2019, una investigación que tituló ‘Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador’.
En esa publicación, que también fue replicada en el portal Milhojas, hacen mención a un informe conocido como ‘Receta de Arroz verde 502’, que supuestamente recibió en 2014 Pamela Martínez, entonces asesora de Correa. Por ello, en un principio, el caso fue denominado como ‘Arroz Verde’.
Ese informe presuntamente contiene información de los aportes económicos que empresas multinacionales, entre ellas Odebrecht, hicieron al movimiento Alianza PAIS, de Correa, desde noviembre de 2013 a febrero de 2014, para la campaña presidencial de entonces.
En noviembre del año pasado, Martínez, la principal involucrada en el caso, fue puesta en libertad, tras pocos meses de estar encarcelada.
“Ha hecho su empresa, que no conocía. Ha contratado con estas empresas para recibir pagos supuestamente a cambio de servicios legales, pero en verdad eran pagos exagerados. Estaba abusando de su posición. La encontraron en esa infracción y le dijeron: ‘Si acusas a Correa, te dejamos libre; y ya está libre’”, comenta el exmandatario sobre Martínez.
Correa comparó el ‘Caso Sobornos’ con otros dos anteriores, entre ellos el del exvicepresidente Jorge Glas.
“Es el mismo ‘modus operandi’”, señaló el exmandatario, al explicar el proceder de la Justicia ecuatoriana en los casos que lo han involucrado, que los lleva una misma jueza, la magistrada Daniella Camacho.
En el caso de Glas, quien fue hallado culpable de asociación ilícita en el megacaso de corrupción de la brasileña Odebrecht y sentenciado a seis años de prisión, al delator José Conceição dos Santos Filho, involucrado en la trama —según confesiones propias—, no le levantaron cargos en Ecuador.
Posteriormente, se reabrió el ‘Caso Balda’ contra Correa, vinculado al presunto secuestro del político ecuatoriano Fernando Balda, ocurrido en agosto de 2012, en Bogotá, Colombia.
El delator en este caso fue Luis Raúl Chicaiza, quien era miembro activo de la Dirección General de Inteligencia (DGI) de la Policía de Ecuador al momento del plagio contra Balda.
“Un policía que no conozco, que parece que lo detuvo arbitrariamente (…) dijo que le había ordenado por teléfono el secuestro y nunca pudo probar nada”, explica el expresidente, y enfatiza: “Le dijeron, sales en libertad, pero si acusas a Correa”. Tras el proceso, Chicaiza fue dejado en libertad.
Correa recordó que en total tiene abiertos 31 juicios penales, que incluyen el “mal uso del avión presidencial, certificados de tesorerías, las cosas más inverosímiles”.
Con información de RT Noticias.