Desde el sexenio pasado, encabezado por Enrique Peña Nieto, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, fue señalado por actos de corrupción vinculados a la recepción de “moches” por parte de las empresas OHL y Odebrecht, así como por la compra a sobrecosto de las “plantas chatarra” Fertinal y Agro Nitrogenados.
En el caso de Odebrecht, los ex directivos de la empresa declararon, tras revelarse una trama de corrupción internacional, que quien fuera director de Pemex entre 2012 y 2016 recibió 10 millones de dólares para asignarle contratos a esa firma. Pese a las denuncias, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública hicieron caso omiso a las evidencias presentadas en su contra.
Fue en mayo de 2019 cuando la nueva administración, y en este caso la Secretaría de la Función Pública que encabeza Irma Eréndira Sandoval, inhabilitaron al funcionario por diez años tras comprobar que mintió en su declaración patrimonial, donde escondió una cuenta con cientos de miles de pesos.
A esta cantidad podrían sumarse otros cientos de miles de pesos, pues se comprobó que el ex funcionario fue accionista mayoritario de una empresa radicada en Londres, Inglaterra, en el periodo de la campaña electoral del 2012 y la cual no registró en su declaración patrimonial, según reveló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Asimismo, la Fiscalía General de la República, bajo la dirección de Alejandro Gertz Manero, comenzó a investigar los sobornos multimillonarios que Lozoya habría recibido de Odebrecht, en una esquema de lavado de dinero en el que también implicó a su madre, su hermana y su esposa.
Manero señaló que se trata de una investigación sólida que no es parte de una coyuntura o publicidad para el gobierno federal, pues se ha comprobado el “uso de un fondo ilegal”. Esto, en respuesta a los señalamientos del abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, quien argumentó que no existen evidencias que demuestren que Emilio Lozoya haya recibido sobornos durante su gestión en Pemex.
Entonces, el 28 de mayo de 2019, las autoridades mexicanas emitieron órdenes de aprehensión en contra del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, y de Emilio Lozoya Austin, por la compra a sobrecosto de una planta “chatarra” llamada Agro Nitrogenados, que también formaría parte de los esquemas de corrupción ligados a la recepción de sobornos.
Ancira fue detenido en Mallorca, España, por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés), pasó detenido una temporada y, tras pagar una fianza, se encuentra libre, luchando jurídicamente contra su proceso de extradición.
El abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, quien ha argumentado que las acusaciones en contra su cliente forman parte de “una venganza política”, presentó una demanda de amparo contra cualquier orden de aprehensión, la cual le fue negada. Asimismo, impugnó la decisión de un juez que determinó no citar a declarar al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, en torno a la compra irregular de la planta Agro Nitrogenados en 2014. De acuerdo con Coello Trejo, Lozoya no podría haber realizado ninguna compra sin el conocimiento de dichos exfuncionarios. El litigante además anunció que Lozoya realizará en algún momento una conferencia en la que detallará la participación de otros miembros del gabinete en la compra de las “plantas chatarra”, lo que hasta el momento no ha sucedido, pero ya con Lozoya detenido, podría suceder.
Un día antes, el 28 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo titular es Santiago Nieto Castillo, bloqueó las cuentas de Ancira, Lozoya y su hermana, Susana Gilda.
“En el caso de Lozoya, el congelamiento de cuentas es una medida nacional. En algún momento esto tendría que ser replicado en otros países. Hay elementos para hablar de casos de corrupción vinculados con su administración. Hemos encontrado nuevas triangulaciones de recursos, es lo que da soporte al bloqueo de dinero”, informó Nieto Castillo sobre el bloqueo de cuentas.
Poco después, el 5 de julio, la Fiscalía emitió órdenes de captura en contra de Gilda Austin, su esposa Marielle Eckes y su hermana, Susana Gilda. Las familiares del ex titular de Pemex habrían recibido en sus cuentas bancarias montos millonarios vinculados a los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y que se destinaron a la adquisición de propiedades de lujo. Hasta el momento, sólo su madre, Gilda Austin, enfrentó un proceso judicial tras ser detenida por autoridades de la Interpol en Alemania, mientras que su esposa y hermana han tramitado amparos contra las órdenes de aprehensión, mismos que les fueron negados. Tras dos años, se dio continuidad a un caso que se mantuvo estático desde 2017, al amparo del gobierno peñista.
En el caso de su madre, compareció el pasado 2 de noviembre luego de ser extraditada y se le imputaron los delitos de asociación delictuosa y lavado de 7.4 millones de pesos. Dado que los delitos en su contra no ameritan la medida de prisión preventiva oficiosa, y porque es una persona mayor de 70 años, tras su vinculación el juez determinó que tendrá derecho a la prisión domiciliaria.
Por su parte Lozoya, prófugo de la justicia durante varios meses, tramitó amparos contra las órdenes de aprehensión emitidas en su contra. El pasado 19 de noviembre un juez federal le negó un amparo contra la orden de aprehensión emitida en su contra por la compra de la “planta chatarra” Agro Nitrogenados.
Luz María Ortega Tlapa, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo, consideró en su momento que existían indicios suficientes para emitir una orden de aprehensión contra el ex funcionario, ya que estaba latente el riesgo de fuga cuando se encontraba prófugo. Se trata de la misma impartidora de justicia que el pasado 17 de diciembre negó un amparo contra una orden de aprehensión al dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, por lavado de dinero.
Todavía finales de enero de este año, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que investigan al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por un presunto desvío de 83 millones de pesos ocurridos durante su administración.
Emilio Lozoya es el arquetipo más claro del saqueo que perpetró el gobierno de Enrique Peña Nieto durante el sexenio anterior. De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, “todo lo que tocaba Lozoya generaba actos de corrupción”.
Hoy, la Fiscalía General de la República ha confirmado su detención en España, y se espera que durante su proceso judicial sus declaraciones se vean permeadas de nombres cuya complicidad está implícita en los casos de corrupción por los que se le acusa: Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell, y hasta el ex presidente Enrique Peña Nieto, pueden ser sólo algunos de ellos.