La mañana del miércoles 12 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no coincide con la iniciativa llamada “derecho al olvido” presentada por el senador Ricardo Monreal, la cual pretende eliminar los datos disponibles en internet de acuerdo a los antecedentes penales del titular “siempre que la condena haya sido cumplida o el delito haya prescrito”. Para diversos grupos, se trataría de golpe a la libertad de expresión y el derecho a la información en México.
El mandatario federal expuso que no aprueba cualquier clase de censura en contra de las “benditas redes sociales”, mientras que en ocasiones anteriores ha enarbolado la transparencia y el acceso a la información que persigue su actual administración a través de ruedas de prensa consuetudinarias, donde los funcionarios responden directamente a los cuestionamientos de los medios.
Asimismo, el Presidente ha dicho que en el “diálogo circular” que desarrolla cada mañana existe una clara y profunda libertad de expresión, pues él también plantea sus posturas personales sobre los medios, las empresas, los gobiernos anteriores y otros temas..
Sin embargo, el llamado “derecho al olvido” planteado por Monreal ha sido sumamente criticado por organizaciones en favor de este derecho Aseguran que, de aprobarse, medios de comunicación, youtubers e incluso internautas deberán eliminar sus contenidos en internet si personas físicas o morales se sienten agraviadas; amén que textos, audios o videos sobre crímenes juzgados deberán censurarse cuando los responsables han cumplido condena, o aquellos no juzgados, cuando el delito prescribió.
Es decir que si un político acusado de corrupción cumple su condena, al salir de la cárcel podría demandar que los contenidos digitales sobre sus delitos sean eliminados de las redes al considerar que agravian su integridad y su proceso de reinserción a la sociedad.
El pasado 24 de enero Monreal planteó en el Senado la discusión de esta iniciativa como un tema prioritario y lo precisó refiriendo que la reforma a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares señala textualmente que los datos personales digitalizados son “aquellos que se encuentran en medios electrónicos, plataformas digitales, buscadores de internet y demás medios digitales, incluyendo textos, comentarios, interacciones, ubicaciones, contenido multimedia, antecedentes penales cuando la condena haya sido cumplida o el delito hubiere prescrito, y demás información”.
En ese sentido, el medio Contralínea recopiló diversos testimonios de activistas y políticos que están en contra de la iniciativa. Un caso es el de Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, quien declaró: “Como ciudadanos siempre tenemos que saber qué es lo que hicieron los que nos precedieron en el Gobierno […], quiénes estuvieron involucrados en corrupción, quiénes ayudaron a perpetuar un estado de ilegalidad y de impunidad. Respecto de ellos jamás debería de haber un ‘derecho al olvido’ porque eso es una construcción histórica, democrática y ayuda al imaginario ciudadano a que no se nos olvide de dónde venimos”.
Asimismo, citan a la diputada federal Marcela Torres Peimbert, quien explicó que “en el caso de servidores públicos el derecho que debe primar es el de los ciudadanos de saber exactamente quién es esa persona. Vamos a poner el caso [del ex Gobernador Javier] Duarte: saber quién es, si se vuelve a postular saber cuál ha sido su historia pública, es un derecho público que se antepone al derecho privado”.
Por su parte, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) emitió un comunicado en el que señala que la iniciativa presenta una amenaza en contra la libertad de expresión y el acceso a la información.
De acuerdo con el comunicado de R3D, la iniciativa contempla la eliminación y supresión de contenidos –textos, comentarios, interacciones, imágenes, vídeos, entre otros– en medios electrónicos, plataformas digitales, buscadores y demás medios digitales, a nivel nacional e internacional, bajo la posibilidad de “cancelar de manera inmediata y definitiva” datos personales a solicitud del titular. Esto atenta gravemente contra la libertad de expresión al facultar la supresión de información de interés público, mediante una interpretación errada y maliciosa del derecho a la privacidad y la protección de los datos personales; en concreto, del derecho de cancelación.
Bajo esta óptica, por ejemplo,”un funcionario que haya incurrido en actos de corrupción podría apelar a la eliminación de una nota periodística, bajo el argumento de que su delito ya prescribió o porque ha cumplido su condena. Esto es contrario al derecho de las personas a mantenerse informadas, permitiendo el borrado de información que, si bien puede ser incómoda para un individuo, debe ser preservada por considerarse de interés público”, advierten.
“Aquí lo que se está previendo es la eliminación inmediata de todas las bases de datos y los respaldos que pudieran existir. Entonces se está previendo la eliminación de información a nivel global. Y es algo que ni Europa se ha atrevido a hacer: hubo un caso contra Google, y el Tribunal Europeo resolvió que no tenía facultades extraterritoriales y que el ‘derecho al olvido’ únicamente iba a tener efectos a nivel europeo. Y los efectos que tendría la iniciativa de Monreal son extraterritoriales”, declaró sobre el caso Agneris Sampieri, abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
