Este lunes 17 de febrero entra en vigor el nuevo Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en el Gobierno de México, herramienta indispensable que busca erradicar esas lacerantes conductas en la Administración Pública Federal (APF) y fomentar climas laborales libres de discriminación y violencia.
El Protocolo, ahora basado en criterios nacionales e internacionales de derechos humanos, fue publicado por las secretarías de la Función Pública y de Gobernación, y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de enero, y establece procedimientos uniformes para disuadir y castigar el hostigamiento y el acoso sexuales en las dependencias del Gobierno Federal.
La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros resaltó la relevancia del nuevo protocolo como herramienta efectiva para resolver problemáticas que se venían perpetuando desde hace varias administraciones y que, con un verdadero compromiso, serán atendidas con efectividad por los Órganos Internos de Control (OIC), los cuales dependen de la Secretaría de la Función Pública, y a los que ahora se les dota de rutas a seguir en la materia. “Desde la Función Pública hay cero tolerancia al acoso y el hostigamiento sexuales”, subrayó.
Por su parte, Nadine Gasman, presidenta del Inmujeres, destacó que la actualización del Protocolo fue posible gracias al trabajo coordinado con casi 60 dependencias y entidades de la APF, con el fin de evitar, desde la perspectiva de género, prejuicios y estereotipos que entorpezcan el proceso de atención a casos.
A través de la nueva herramienta normativa se garantizan los derechos humanos de las personas cuando sean víctimas de hostigamiento sexual y acoso sexual en el desempeño de su empleo en el servicio público federal, o al acudir a solicitar un trámite o recibir un servicio en la APF.
Para ello, el protocolo instaura mecanismos para orientar y brindar acompañamiento especializado a quienes denuncian para evitar su revictimización y garantizar su acceso a la justicia. Asimismo, señala las instancias encargadas, en cada dependencia, de conocer, investigar o sancionar esas conductas de violencia sexual.
De esta manera, se fortalecen las funciones y el perfil de las personas consejeras y se definen acciones concretas para los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses y los OIC, lo que antes estaba ausente.
El protocolo de actuación, explicó la secretaria Sandoval Ballesteros, obliga a verificar las quejas y denuncias y examinar la relación entre denunciante y persona denunciada, para identificar asimetrías de poder. Así, se establecen principios como el de exhaustividad, para asegurar a los OIC y personal encargado un papel activo, objetivo e imparcial en la obtención de evidencia.
De acuerdo con el Protocolo, cada dependencia y entidad de la APF deberá contar con un registro de los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual para facilitar el seguimiento e identificación de patrones y, de esa manera, implementar acciones que los inhiban y erradiquen, esto, con el fin de acabar con la impunidad. Entre las acciones está la creación del sitio cerotolerancia.inmujeres.gob.mx, en donde el personal del servicio público y la ciudadanía se podrán informar y capacitarse para sumarse a la construcción de una cultura libre de hostigamiento sexual y acoso sexual.
Para la Secretaría de la Función Pública y el Inmujeres, el nuevo Protocolo constituye un cambio de fondo, porque no sólo prohíbe la violencia sexual, sino que incluye medios efectivos, a cargo de los OIC, para combatirla y castigarla en las dependencias y entes públicos federales, al definir claramente los conceptos de las conductas y permite a las víctimas decidir qué instancia llevará su caso.