En el actual período de sesiones del Legislativo, uno de los temas necesarios a discutir es la legalización de la marihuana, por lo que varios expertos han expresado su opinión.
Tania Ramírez, investigadora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), consideró que la propuesta, que se prevé aprobar a finales de este mes, genera una sobre regulación. “Excluye por completo a los campesinos y a los pequeños participantes estableciendo barreras de entrada que eran insuperables, onerosas y privilegiando más a cierto sector ya muy armado y ya con muchas herramientas”, dijo para Reforma.
El proyecto de dictamen de las comisiones de Justicia, Salud y Estudios Legislativos, que comenzó a circular el mes pasado, considera aumentar la portación permitida para consumo personal, de 5 a 28 gramos, y crea el Instituto Mexicano del Cannabis para emitir licencias y permisos, y supervisar la producción y comercialización, entre otras disposiciones.
Lo preocupante, alertó la experta, es que no se elimina el uso del Derecho Penal para castigar estas conductas, pues todavía no se modifican artículos del Código Penal Federal donde sí está la criminalización.
En la nota de Reforma firmada por Antonio Barana, Alejandro Madrazo, investigador del CIDE, aseveró que la llamada Ley Menchaca -en alusión al presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca tiene detalles que incentivan el “peor de los mundos”.
“La propuesta del senador Menchaca es peor que la prohibición, porque es la prohibición, sostiene la prohibición, y además logra crear los peores males de un mercado abierto”, criticó.
Madrazo sostuvo que no se estaría legalizando la cannabis, sino favoreciendo a quien tenga capital y semilla extranjera.
“Por un lado dice que se va a priorizar a los campesinos, pero a la hora de la hora vemos que en el detalle fino se está priorizando a quien vaya a tener la capacidad de invertir ese capital”, señaló.
Criticó que el dictamen construye la estructura de mercado de la mariguana a partir de sutiles pero brutales “barreras de entrada” como la exigencia de la trazabilidad de las semillas, que se refiere a la identificación de su origen para controlar su distribución y siembra, proceso caro e innecesario.
“Los campesinos que no tengan el capital para poner trazabilidad les va a caer la chota, igual que les cae ahorita y con la misma violencia que les cae ahorita”.Jorge Javier Romero, investigador de la UAM, subrayó la importancia de evitar una regulación fallida que beneficie nada más a los productores y consumidores ricos, y deje en el mercado clandestino a los pobres.
Con información de Agencia Reforma.
