El dictamen que busca regular las outsourcing avanza en el Senado de la República, luego de varias mesas de trabajo entre autoridades federales, representantes de trabajadores y la cúpula empresarial. La propuesta legislativa ataca la simulación fiscal y protege a los empleados de los abusos y violaciones a los derechos laborales.
La propuesta legislativa impulsada por Morena y el Gobierno Federal, señala que el contratante que haya incurrido en actos simulados o irregulares de subcontratación está obligado a cubrir el reparto o participación de utilidades por todo el periodo en que sus trabajadores hubieran estado bajo dicho régimen.
De aprobarse en sus términos, el artículo transitorio quinto del dictamen establece que los contratantes dispondrán de un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de su publicación, para cubrir a los trabajadores afectados en sus derechos fundamentales, el monto total que corresponda al reparto o participación de utilidades omitido durante el período de subcontratación ilegal y simulada.
Otra de las propuestas destacadas establece que trabajadores que hayan laborado bajo un régimen de subcontratación irregular tendrán derecho al reparto o participación de utilidades durante todo el tiempo en que no las hayan recibido y estuvieron contratados bajo esta modalidad.
En la sede de la cámara alta, legisladores y autoridades avanzan en la aceptación de las nueva normatividad de las outsourcing, incluso aquellas preceptos que afectarían las actuales actividades de estas empresas, tales como que de aprobarse, éstas deberán cubrir las contribuciones omitidas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Por ejemplo, tendrían que realizar un pago del 50 por ciento del monto que resulte sin actualizaciones y recargos y proporcionar a la Procuraduría Fiscal de la Federación o a la Fiscalía General de la República, información que permita identificar las personas físicas que lidereaban alguna la organización criminal de subcontratación ilegal.
Otro de los aspectos mas importantes de la nueva legislación estriba que la subcontratación únicamente podrá realizarse respecto de actividades laborales en las que los trabajadores que el contratista provee exijan de una especialización que resulte ajena a la actividad o vocación principal de aquella que realice el contratante o beneficiario, de conformidad con el giro de su negocio, industria, sector productivo o de prestación de servicios al que pertenezca.
Pero eso no es todo, dentro de nuevo marco regulatorio de las outsourcing se prohíbe que la subcontratación de personal de trabajo tenga por propósito que el contratista provea de trabajadores para realizar actividades preponderantes o esenciales conforme al giro del negocio, transferir a través de sustitución patronal o cualquier otro acto equivalente al contratista, o abarcar la totalidad de las actividades laborales del centro de trabajo del contratante o beneficiario.
Los representantes de los empresarios han externado sus posiciones a favor y en contra, sin embargo, manifiestan sus dudas sobre varios puntos. Y es que también en el dictamen se considerarán actos simulados que el contratista tenga relación laboral o económica directa con el contratante, o forme parte de la misma empresa, entidad o grupo económico.
Las nuevas leyes en esta materia también incluye la implementación de un Registro Nacional de Empresas de Subcontratación a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y que dispondrá de requisitos para su ingreso y permanencia y llevará a cabo inspecciones preventivas, ordinarias y extraordinarias para comprobar que los contratistas cumplan con obligaciones laborales y de seguridad.