Las manchas de la corrupción en el sector salud de pasadas administraciones

El sector salud en México ha tomado relevancia por las manifestaciones que han existido en torno al abasto de medicamentos contra el cáncer infantil, el VIH o la atención a mujeres con cáncer de mama; sin embargo, existen historias en el pasado, tanto a nivel local como federal, que implican un manejo turbio e inadecuado de este rubro en anteriores administraciones.

El secretario de Salud en el sexenio de Felipe Calderón, Salomón Chertorivski Woldenberg, Televisión Azteca y un grupo de empresarios influyentes en el gobierno panista de 2006 a 2012, fueron los beneficiarios de las casas de interés social adquiridas en ese tiempo mediante el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

Según un reportaje de la revista Proceso, firmado por Arturo Rodríguez, el gobierno de Felipe Calderón, inculpó a cerca de 5 mil trabajadores de diferentes áreas de gobierno –quienes viven en lugares distantes y lo único que los identifica es haber ganado un sorteo para obtener créditos de vivienda– acusándolos de cometer un fraude que asciende a 570 millones de pesos.

La administración panista culpaba que los trabajadores de falsificar recibos de nómina y constancias de percepciones, y de acceder al sistema electrónico para manipular su información con el propósito de obtener créditos mayores de los que por ley les correspondían.

Con base en ese supuesto, la Secretaría de la Función Pública (SFP), la PGR y el ISSSTE emprendieron una pesquisa contra los burócratas señalados y comenzaron a intimidarlos en su trabajo y en su domicilio para que aceptaran su delito y se comprometieran a pagar cantidades que con sus salarios son imposibles de solventar. Muchos decidieron ampararse e incluso llevaron su caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Las escrituras y contratos de compraventa, cuyas copias refiere la revista Proceso, revelan que entre los constructores implicados en el fraude, que comenzó a ser investigado por la SFP desde finales de 2008, figura Salomón Chertorivsky Woldenberg, así como sus socios Gerardo Ruiz Maza Jove y Juan Pablo del Valle Perochena, propietarios de la empresa Grupo Módulo Progresivo.

Cuando las viviendas fueron vendidas, Chertorivsky se desempeñaba como director general de Diconsa. Ruiz Maza es consejero de Consorcio Hogar, dedicado a la construcción de viviendas de interés social, dirigido por Paul Davis Carstens, pariente de Agustín Carstens, gobernador del Banco de México y exsecretario de Hacienda.

Ya en la administración de Enrique Peña Nieto, en 2013, Mercedes Juan López, entonces titular de la Secretaría de Salud Federal, reconoció que en algunos estados como Tabasco se había encontrado casos de corrupción por el desvío de recursos del Seguro Popular.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó en marzo de 2019 al ex secretario de Salud, José Narro Robles, sucesor de Juan López, de ser omiso en los casos de corrupción y robo de medicamentos dentro de la SSa.

Esto, luego de que hace casi un año, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que se presentarían al menos 50 denuncias por corrupción en la compra y venta de medicamentos en el sector salud que involucran a funcionarios de Enrique Peña Nieto.

Pero las administraciones locales no quedan exentas. La Fiscalía Anticorrupción formuló cargos en diciembre de 2019 contra Jaime Antonio Cruces Mada, ex secretarios de Salud en la administración del priísta, Aristóteles Sandoval como gobernador de Jalisco, por presuntas compras “dirigidas” de cámaras de video para un área de enfermos de ébola y de equipo de cómputo.

Se les acusó entonces de uso indebido de atribuciones y facultades. Anteriormente ya había sido vinculado por presuntas irregularidades en contratos de prestación de servicios otorgados a una compañía.

Se estima que son varios millones de pesos los que durante años, Cruces Mada invirtió para que su defensa evitara su paso por la cárcel, debido a los 13 casos que enfrenta ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Tan sólo este año, en 2019, Cruces Mada ha promovido por lo menos 18 juicios de Amparo en el estado de Jalisco para evitar pisar la cárcel.

En pasado diciembre ex secretario de Salud, Antonio Cruces Mada, fue finalmente vinculado a proceso por el juez Décimo primero de lo Penal, José Luis Álvarez Pulido, tras una audiencia que se prolongó por casi siete horas.

Como medidas cautelares, el juzgador ordenó resguardo domiciliario durante un año. Solo podrá salir por cuestiones laborales, de salud, relacionadas con sus hijos o si se le requiere en el proceso que enfrenta, por el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades.

El caso de Veracruz también fue emblemático. En diciembre de 2017, Nemi Dib ex secretario de Salud en la administración de Javier Duarte, fue detenido y vinculado a proceso. Las autoridades de Veracruz le dictaron prisión preventiva por un año, permaneció en el penal de Pacho Viejo.

Nemi Dib fue vinculado con un desvío de recursos públicos, relacionado con la construcción de la Torre Pediátrica en Veracruz.

De acuerdo con la evidencia presentada por la Fiscalía del estado, como secretario de Salud la dependencia no actuó ni sancionó al empresario César Morando Turrent, quien tenía a su cargo la construcción de la Torre Pediátrica en Boca del Río, e incluso se le entregaron más recursos.

Lo anterior pese a que la obra presentaba inconsistencias y retrasos. Además, los recursos excedían al menos tres veces el costo original planteado para esta construcción.

Sin embargo, en marzo de 2019, juez ordenó liberarlo, luego de 15 meses en prisión acusado de peculado, abuso de autoridad e incumplimiento a un deber legal.

Asimismo, en 2016, la revista Proceso informó que Miguel Ángel Yunes Linares, estaba siendo investigado por la PGR a raíz de denuncias según las cuales cuando dirigía el ISSSTE, sacó de ahí recursos para que él y su familia compraran, de manera indebida, una escandalosa cantidad de inmuebles. La lista de propiedades de los Yunes Márquez fue proporcionada entonces por Javier Duarte.

Yunes Linares fue demandado el 8 de agosto de 2016 por apropiarse de más de 230 millones de pesos de “comisiones” y “retenciones” indebidas de miles de afiliados al ISSSTE y maestros del SNTE, apenas a unos meses de asumir el cargo de gobernador en Veracruz.

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