El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) reportó al aparato Legislativo, 17 mil 355 bienes muebles del órgano electoral como “no localizados” y que tienen un costo de 126 millones de pesos en su inventario. Asimismo, se habló de 116 vehículos tampoco localizados con valor de 6.2 millones de pesos.
En el “Informe anual de gestión 2019” que envió el Instituto a la Cámara de Diputados, se habló de todos los recursos que el INE “perdió”.
En este documento, que se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el Órgano Interno de Control explicó que los 17 mil 355 bienes muebles del INE no localizados son: equipo de cómputo, mobiliario y enseres de oficina, instrumental médico y de laboratorio, aparatos de telecomunicaciones, plantas de energía eléctrica, cámaras fotográficas y de video, entre otros.
El diario El Universal consultó al INE y según dicho medio de información, respondió que esta auditoría de Gestión Financiera, la cual no se encuentra concluida, explicó: “Los 17 mil 355 bienes que refiere el OIC se encuentran identificados, no obstante, mal clasificados. La información ya ha sido actualizada”, y describió que hay 3 mil 123 bienes en baja definitiva, 271 localizados en almacén, 291 son enajenaciones anteriores pendientes de baja, 5 mil 479 pertenecen al Reporte global de la JLE, 7 mil 719 son Cargas iniciales de la transición IFE-INE y 471 fueron localizados en las oficinas centrales.
El INE explicó que respecto a los 117 vehículos informados por la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), no así los 116 vehículos que señaló el OIC, explicaron que 82 vehículos ya estaban dados de baja definitivamente en 2013 en el Sistema Integrador para la Administración de Recursos de Juntas Ejecutivas y Juntas Distritales (SIAR) y se dieron de alta en el Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA) cuando se migró la información; “sin embargo, no se cuenta con la documentación soporte que permita generar la baja actualmente”.
Además, 31 vehículos que se encuentran en el apartado “Robsin” (robo siniestro) en el SIAR, así como en el SIGA; sin embargo, no se cuenta con documentación relacionada a esos vehículos, por lo que se realizaron diversas consultas a las unidades responsables para que proporcionen la documentación con que se habían dado de baja. Además, cuatro vehículos aparecen como siniestrados en el SIGA (1998-2003); sin embargo, “la información con que se cuenta resulta insuficiente para generar la baja”.
Asimismo, el INE explicó para El Universal que las 18 auditorías de este informe anual se encuentran en la etapa de seguimiento, es decir, “son auditorías que aún no están concluidas, por lo que, cómo lo refiere el propio informe, las observaciones reseñadas tienen un carácter preliminar y de ninguna forma significan una irregularidad manifiesta o comprobada, y mucho menos responsabilidad de algún servidor público”.