Cdmx 21 de abril 2020.- Con la llegada al país de la Fase 3 por la pandemia de COVID-19, los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política firmaron un acuerdo en el que presentan diferentes puntos a tener en cuenta durante la etapa más crítica de contagios.
Los legisladores suscriptores al acuerdo pidieron que, además de proteger la salud, se asegure en todo momento el acceso a bienes y servicios básicos para proteger la vida y la alimentación de todas las personas, proteger las finanzas de las familias mexicanas y al mismo tiempo reducir los efectos económicos y sociales de la pandemia.
Incluso, algunos diputados del PRI presentaron una propuesta para crear un plan de distribución de alimentos y víveres para los mexicanos en pobreza, así mismo, para aquellos que se han quedado sin empleo a causa de la pandemia, teniendo en cuenta el aumento de los precios de los alimentos de la canasta básica.
Cabe agregar, que el kilo de tortilla se encuentra entre 14 y 22 pesos; el huevo registró un incremento del 29 por ciento; el azúcar se ha elevado un 8.4 por ciento; el kilo de frijol registró una elevación del 26.8 por ciento y el arroz se ha encarecido 18 por ciento en las últimas semanas; el limón, 15 por ciento; la naranja en 3 por ciento y la carne, 2 por ciento, entre otros productos.
Acuerdan que se protejan los derechos humanos en Fase 3
Los líderes de todas las bancadas también exhortaron a toda autoridad a respetar y proteger los derechos humanos establecidos en la Constitución federal y las Constituciones locales y que en este caso cobra especial importancia el principio de proporcionalidad, por lo que, en ningún caso, las medidas que se adopten durante la fase 3 pueden implicar suspensión o violación de derechos humanos.
Hacer un frente común en los tres niveles de gobierno
Para hacer frente a los efectos más graves de la pandemia consideraron necesaria la plena coordinación entre el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los ayuntamientos para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomen las acciones que sean necesarias para hacer un frente común en el que el centro de sus decisiones sea salvar el mayor número de vidas.
Asimismo instan a que las medidas administrativas y sanitarias sean tomadas en cuenta por los gobiernos de los estados, y de los municipios del país, para que sigan como parámetro mínimo indispensable la ruta que ha establecido y que dicte el Consejo de Salubridad General, respetando además la concurrencia en la materia de salud y otras que corresponden a los distintos órdenes de gobierno.
Decisiones basadas en evidencia científico
Solicitan que las decisiones que se tomen tienen que estar sustentadas, además, en las evidencias científicas y en las mejores prácticas tanto internacionales como nacionales, en las que también haya estrecha colaboración de todos los sectores productivos y sociales del país.
