La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló ayer lunes las cuentas bancarias de Eduardo Cervantes, alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, y de Mónica Marín, presidenta municipal de El Grullo, por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación; ambas localidades pertenecen al estado que gobierna Enrique Alfaro.
El alcalde de Ixtlahuacán, proveniente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es el mismo que trascendió en los medios de comunicación por el asesinato de Giovanni López, quien fue detenido por policías municipales por no usar cubrebocas y le agredieron.
De acuerdo a las indagatorias, el edil fue omiso en el caso, y participa en el proceso, provisto de un amparo; esa suspensión provisional impide su aprehensión, y enfrenta otro juicio por abuso de autoridad.
Desde 2015 se le han hecho señalamientos por supuestos vínculos delincuenciales, y se le menciona en investigaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en un caso relacionado con la venta de armas a civiles que se ostentaban como policías municipales, e incluso el edil figuró en un listado de personas ligadas a los autodefensas de Michoacán.
El aseguramiento de cuentas se difunde en el marco de una reunión del Fiscal General, Gerardo Octavio Solís Gómez, con el titular de la Unidad, Santiago Nieto, y otros funcionarios federales.
Apenas el 2 de junio, la misma UIF informó que se bloquearon las cuentas de mil 939 individuos vinculados también al CJNG.
Como parte del llamado “Operativo Agave Azul”, la dependencia que encabeza Santiago Nieto Castillo trabajó de manera coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y definió como objetivos a un gran número de integrantes del grupo criminal; entre ellos, sus mayores operadores financieros, así como las empresas utilizadas en el blanqueo de capitales.
De acuerdo con la información, el operativo se llevó a cabo en Jalisco, CDMX, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima. Ahí la UIF ejecutó acuerdos de bloqueo contra mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos relacionados con CJNG.
Asimismo, en dicho operativo previo, la UIF había ya intervenido también las cuentas del ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, que persigue una presunta red de blanqueo de activos del CJNG.
