Comuneros de San Miguel Xaltocan, comunidad próxima al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, han denunciado que el Movimiento Social por la Tierra (MST) busca aprovecharse de los tratos que las comunidades indígenas ya concretaron con el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
A través de un comunicado firmado por Juan Paredes Sánchez, representante de poseedores de terrenos nacionales de la comunidad indígena de Xaltocan en Nextlalpan, Estado de México, los ejidatarios señalan que las noticias difundidas en medios de comunicación sobre conflictos que existen entre los comuneros y autoridades federales, son falsas y “representan el oportunismo del MST”.
“En relación a las últimas noticias y declaraciones publicadas sobre la Comunidad Indígena de Xaltocan se les hace saber que las mismas carecen de veracidad y han sido manipuladas por la organización campesina llamada Movimiento Social por la Tierra MST, siendo la realidad de los hechos la siguiente:
En fecha 10 de marzo del 2019 derivado de la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucia, se llevó a cabo una consulta en nuestra comunidad, en dicha consulta se acordaron beneficios por lo que se instalaron cuatro mesas en temas de agua, tierra, desarrollo e infraestructura; en las que participa gente de nuestra comunidad para dar seguimiento a los acuerdos de la consulta indígena, además en fecha 9 de junio se acordó en mesa de trabajo de 10 integrantes de la Comunidad con representantes del gobierno federal para reagendar y apresurar los compromisos pactados; siendo así, la comunidad no necesita de interlocutor con el gobierno federal, ya que nos encontramos en dialogo abierto y directo con las dependencias correspondientes del gobierno federal, encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos celebrados en la consulta Indígena”.
Asimismo, los ejidatarios señalan que el MST, “valiéndose de mal informar a gente de nuestra comunidad, además de que miembros activos del MST que se habían visto beneficiados con recursos del gobierno en administraciones pasada con la intención de seguir beneficiándose de dichos recursos, han saturado los medios de comunicación con notas carentes de veracidad pretendiendo tomarnos como bandera para presionar al gobierno y sacar adelante su agenda y recibir recursos”.
Y en efecto, desde agosto de 2019 hay constancia en los medios de comunicación de que el MST ha realizado plantones en las inmediaciones de Santa Lucía, y más recientemente Francisco Chew, dirigente de dicho movimiento dijo en entrevista para MVS en la emisión radiofónica de Luis Cárdenas, que la comunidad ha estado buscando que se le reconozca la posesión de 700 hectáreas como bienes comunes.
“Chew comentó también que el gobierno debe reponer la tierra y si no, pagarla a un precio justo y reiteró que seguirán respaldando a la comunidad”, publicó MVS el 23 de junio. En tanto, el MST también ha impedido ingreso de materiales a Santa Lucía para la construcción del Aeropuerto.
Incluso en una nota de El Siglo de Torreón, se escribió el 10 de junio pasado: “Ayer, en un primer intento de negociación, la Alcaldesa de Nextlalpan, Elizabeth Mendoza, acudió al lugar para negociar con los habitantes de San Miguel Xaltocan, la zona más cercana a las nuevas pistas de Santa Lucía”.
“Sin embargo, los comuneros le gritaron: ‘ratera’ , ‘fuera’ y ‘queremos a López Obrador’, con lo que la Alcaldesa volvió a subir a su auto para retirarse del lugar. Algunos militares que vigilaban el sitio sólo miraron la escena”, se añade en la nota sin firma de autor y donde se afirma que “los pobladores se han unido al Movimiento Social por la Tierra (MST)”.
Sin embargo, en entrevista para A Barlovento Informa, Juan Paredes Sánchez, representante de los comuneros respaldado por 928 firmas de ejidatarios, y reconocido por la Sedatu como interlocutor oficial, explica: “Hemos tenido nosotros en posesión todos esos terrenos. Nosotros luchábamos porque hubiera una titulación de bienes comunales; con gobiernos anteriores la verdad no avanzábamos y entonces la última negativa que tuvimos por parte del Tribunal Unitario número diez, fue en septiembre de 2009, nos dice que no procede la confirmación y titulación de estos bienes comunales, por eso en 2015 optamos por la titulación onerosa”.
Y en cuanto a Francisco Chew, afirma: “nunca antes apareció por aquí; sabíamos que había un grupo de personas que estaban afiliadas a esta organización porque les gestionaba recursos a esta gente, pero no tenía nada que ver con la gestión de nuestros bienes comunales, sino hasta cuando se entera que pasa a ser un ‘bien nacional’ y que nos van a titular, es cuando empiezan a aparecer”.
Paredes Sánchez señala que este movimiento no se hizo presente de forma pública de inmediato, sino que, lo hicieron a través de algunas personas de la comunidad próximas al MST. “Esta organización maneja gente de diferentes partes, porque el dirigente es a nivel nacional, entonces también trae gente que no son de aquí, los que están un poquito cercanos (de los comuneros) son los que han estado afiliados, pero también han utilizado una serie de mentiras: a los que viven en la zona de asentamiento irregular, les dicen que los van a correr, que les van a quitar sus casas si no se acercan a ellos y lógico la gente, con ese temor dice ‘pues mejor me acerco, si no me quitan mi casa’, y las mentiras son la única forma con la que se han estado escudando”.
“En junio de 2019, cuando hacen la declaratoria de ‘bien nacional’, ya quieren acercarse y el 17 de junio de ese año, nosotros enviamos un oficio al secretario Meyer con firmas de 928 personas de comuneros donde rechazan totalmente la intromisión de estas personas”, a lo que Sedatu respondió que sólo el propio Juan Paredes Sánchez y Daniel Martínez Sánchez (fallecido hace un mes) son los únicos representantes de la comunidad de ejidatarios dueños de 700 hectáreas.
Asimismo, Paredes indica que la comunidad tiene conocimiento de que existen dos amparos contra el la obra del Aeropuerto, y esto, sumado a los plantones que realiza el MST, han entorpecido el flujo de las negociaciones que los más de 900 comuneros tienen ya con el Gobierno Federal a través de la Sedatu.
En adhesión, en el comunicado antes referido, con fecha del 24 de junio de 2020, los ejidatarios indígenas de Xaltocan han dicho que el gobierno federal “se encuentra en dialogo abierto y directo con la comunidad y se ha comprometido a avanzar de manera más rápida con los acuerdos celebrados, por lo que nos deslindamos del MST ya que los problemas de nuestra comunidad son de muchos años atrás y es ahora que se anunciaron los beneficios del gobierno, que la organización MST se interesó en nuestra comunidad, pero nuestra comunidad nunca ha estado ligada a esa organización porque no la necesitamos”.
“Incluso mediante oficio firmado por 928 personas de nuestra comunidad en fecha 17 de junio del 2019, se le hizo saber al gobierno federal por medio del Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano el rechazo a cualquier organización campesina pues desde esa fecha la MST ha intentado aprovecharse de los beneficios que el gobierno federal se comprometió para otorgar a la Comunidad Indígena de Xaltocan”, señalan.
El Gran Señorío de Xaltocan
“Nosotros somos una comunidad ancestra que ha existido antes de que fuera México. El gran Señorío de Xaltocan poseía una serie de extensión de terrenos que poco a poco se ha ido reduciendo. En Xaltocan, en 1521, la desgracia vino cuando Hernán Cortés llegó con los tlaxcaltecas, pero toda esa extensión de terrenos era de Xaltocan”, narra Juan Paredes.
Según el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), “la arqueología nos indica que más o menos 15,000 años a de C. ya merodeaban por las cercanías del lago de Xaltocan algunos grupos humanos cazadores de mamuthes de los que en la actualidad se han encontrado vestigios fosilizados en el barrio de Miltenco”.
“Xaltocan, y su lago de agua salada fueron de mucha importancia por la riqueza de su fauna acuática comestible, lo que propició que varias etnias lo habitaran en distintas épocas, que van de 1300 a.C. A 1520, d.C., ellos fueron los Olmecas, Tlatilcas, Teotihuacanos, Toltecas, Otomies, Chichimecas, Tepanecas y Mexicas”, se añade en la Enciclopedia de Municipios y Delegaciones de México.
“Hizo causa común con Tenochtitlan para defenderse de la invasión hispánica encabezada por Hernán Cortés, quien con la ayuda de los Tlaxcaltecas terminó por vencer a los Xaltocamecas. Las tierras de Xaltocan fueron encomendadas por Cortés a Don Alonso de Ávila, las que pasaron a Gil González de Ávila (Benavides) y a los hijos de éste. Los primeros virreyes concedieron mercedes reales de tierra a españoles y a naturales; también los jesuitas crearon las haciendas de Santa Lucía y Santa Inés”.
En el Siglo XXI, ni el enorme lago que formó parte del sistema acuífero del Valle de México, ni la extensión del Gran Señorío de Xaltocan, existe como en la época prehispánica; sin embargo, los comuneros indígenas, herederos de aquella entrañable historia, buscan adaptarse a la modernidad. “Nosotros hemos trabajado durante esta administración desde 2019 hasta acá con todas las autoridades de una forma transparente. En gobiernos anteriores no nos habían reconocido como tal porque somos una comunidad olvidada; creo que con este proyecto que traen entendemos que nuestra situación va a cambiar y que en un momento, Xaltocan, sea reconocido como un pueblo ancestro y que le den el lugar que le corresponde”, señala Juan Paredes.
“Sentimos que estamos muy próximos a tener certeza jurídica y ojalá el gobierno nos siga apoyando para terminar con esto”, es decir, con más de una década de lucha por sus tierras. “Queremos tener un documento para decir: ‘poquito o mucho pero esto ya es nuestro’, porque así como estábamos esto era de todos y no era de nadie”, añade.
MST, agenda diversa
El Movimiento Social por la Tierra cuenta con una agenda que no se limita al problema de Xaltocan. El propio MST anunció a mediados de junio manifestaciones en la Secretaría de Medio Ambiente en la Ciudad de México para abordar diversos problemas, entre ellos la instalación de la Planta Chemours, procesador de cianuro de sodio, en Gómez Palacio, Durango.
“Luis Manuel de la Cruz Mejía, dirigente de la organización en La Laguna, recordó que hace un año el secretario de Medio Ambiente federal se comprometió a hacer una visita a la empresa ya que, recordó, existe una controversia sobre el manifiesto de impacto ambiental expedido para la instalación de esa industria”, se publicó el 17 de junio en la página “Noticieros Grem”, en una nota firmada por Liliana Rincón.
“No ha acudido, vamos a recordarle su promesa y exigirle que la cumpla”, expresó y agregó que solicitarán una consulta entre las comunidades para ver si están de acuerdo en la instalación de la planta, como ocurrió en el caso de una cervecería en Baja California.
Asimismo, en su cuenta de Facebook se pueden encontrar las diferentes problemáticas que atiende el MST.
El 22 de junio pasado, publicaron: “#CDMX con #SanaDistancia el Movimiento Social por la Tierra #MST inició una por #JusticiaAmbiental en la #SEMARNAT con el fin de que se atiendan diversas problemáticas socioambientales que afectas a campesinos e indígenas de diversos estados del país, tales como:
1.- La problemática de la #PresaEndho en #Tula #Hidalgo.
2.- La minería tóxica en #Chiapas en #Escuintla y #Chicomuselo.
3.- El uso del #CañonAnrigranizo por @AudideMexico y #VW en #Tlaxcala y #Puebla.
4.- La operación de la fábrica de cianuro de @chemours en #GomezPalacio Dgo.
5.- La probrematica ambiental de la cuenca Del Río #Atoyac en #Oaxaca.
6.- Nuestro rechazo al recorte presupuestal a la #CONANP y al sector ambiental”.
https://www.facebook.com/550433005108376/posts/1653133998171599/
Según una nota de Vértigo Político sin firma de autor, publicada el 22 de junio, “desde el primer plantón del MST en las instalaciones de la Semarnat, hace justo un año, la dependencia federal sostuvo un diálogo con sus integrantes para escuchar sus demandas y quedó de manifiesto la grave situación que prevalece en la región de Tula y otros municipios”.
Y se añade: “El compromiso fue dar atención a estos y otros conflictos que ocurren en el resto del país, que suman más de 560, y actualmente se trabaja en 50 de ellos con la participación de las comunidades”.
Sin embargo, como lo sentenció el documento emitido por la Asamblea de comuneros indígenas de Xaltocan, por lo menos en el caso de Aeropuerto de Santa Lucía, la comunidad no está vinculada de forma oficial a las acciones del MST.
Acuerdos con la Sedatu
El 20 de junio pasado, a través de una nota informativa, la Sedatu explicó todo el proceso por el cual la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), adquirió los terrenos necesarios para desarrollar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía.
“El 10 de marzo de 2019, en la Asamblea General para llevar a cabo el proceso de Consulta libre, previa e informada para la ampliación y habilitación como ‘Aeropuerto Mixto Civil/Militar con categoría internacional en la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía’, se acordó que Sedatu declararía terrenosnacionales alrededor de 653 hectáreas, de las cuales 525 serían entregadas legalmente y con escrituras a la comunidad, según el listado que esta definiera, pues era una petición que llevaba más de 10 años. Las 128 hectáreas restantes (que representan el valor de realizar los trámites de reconocimiento y escrituración) serían para la Secretaría de la Defensa Nacional y el Proyecto Aeroportuario”.
Cabe destacar que toda esta relatoría realizada por Sedatu, fue corroborada en entrevista por Juan Paredes Sánchez, quien junto con Daniel Martínez Sánchez (QEPD), como ya se dijo, son los únicos representantes de los comuneros reconocidos por el Gobierno Federal y sustentados por 928 firmas de ejidatarios, tanto poseedores de parcelas como habitantes en asentamientos irregulares.
Para el cumplimiento de los acuerdos, continúa la explicación de Sedatu, “el 26 de abril de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), dos declaratorias de terrenos nacionales: una por 128 hectáreas que se pusieron a disposición de la Sedena y la segunda por las 525 hectáreas para regularizar a favor de 722 comuneros solicitantes”.
“El 9 de junio del año en curso, una comisión de 10 representantes de la comunidad se reunió en instalaciones del Frente 2 de Construcción del Proyecto Aeroportuario Felipe Ángeles con funcionarios de las Secretarías de Gobernación, Sedena y Sedatu. En el tema de tierras, la demanda de la mayoría de los representantes fue exigir el cumplimiento inmediato y estricto del acuerdo de la Asamblea Indígena; sin embargo, algunos pobladores de Xaltocan han solicitado que también se paguen las 128 hectáreas de los terrenos nacionales que ahora son de Sedena”.
Al respecto de este punto relatado por Sedatu, Juan Paredes comenta que las personas que no quieren reconocer los acuerdos con la Secretaría al buscar el pago de las 128 hectáreas “es por la ambición de ese dinero que quizás nunca les van a pagar, pero están ahí pegaditos, porque es lo que busca el Movimiento Social por la Tierra, y entonces con engaños les dicen que algo van a lograr, los que están afiliados (al MST) de los 722 (comuneros)”.
El acuerdo firmado el 9 de junio para retirar la toma de las vías férreas y comunicaciones, ratifica lo acordado por la Asamblea de la Consulta Indígena, por lo que Sedatu se comprometió a avanzar rápidamente en la titulación de las hectáreas acordadas en la asamblea del 10 de marzo de 2019, que actualmente son terrenos nacionales y que deben pasar a ser propiedad de los comuneros que tienen posesión de las mismas. Este acuerdo, resalta Sedatu, fue firmado por los 10 representantes designados por los inconformes.
Cabe señalar que tras la publicación del Acuerdo de Declaración de Terrenos Nacionales el 26 de abril de 2019, surgieron intereses de particulares ajenos a la comunidad que interpusieron un amparo contra esta acción de Sedatu. Los mismos intereses que desde antes habían impedido que los comuneros de la región pudieran regularizar su propiedad como comunal.
Asimismo, Sedatu informó que el 18 de junio del año en curso, se acordó con la comunidad que a más tardar en el mes de septiembre de 2020 iniciarán las obras del Programa de Mejoramiento Urbano que incluyen inversiones en educación, agua y mejoramiento urbano. Específicamente se realizará la remodelación de la plaza principal, se construirá un centro comunitario, el museo de Xaltocan y se ampliará la secundaria con aulas nuevas.
Según Juan Paredes Sánchez, actualmente existen algunas inconformidades de vecinos porque dichas obras no han registrado desarrollo, aunque rescata que en el caso del sistema de agua potable ya se tiene de avance un 60 por ciento en la construcción del sistema de abasto y algunos pozos nuevos.
Adicionalmente, se informó a la comunidad que la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario, y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), tienen programado otorgar 400 apoyos para el mejoramiento y ampliación de vivienda, beneficio adicional a los acuerdos de marzo de 2019.
A través de documentos obtenidos por A Barlovento Informa con sello del 17 de junio, se da fe de que la comunidad indígena de Xaltocan está de acuerdo con la Sedatu para otorgar las tierras involucradas en la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, lo cual fue publicado el 26 de abril de 2019, en el Diario Oficial de la Federación.
“Se declara que es terreno nacional el predio denominado Xaltocan, integrado por el polígono II, con una superficie de 24-70-64 hectáreas (veinticuatro hectáreas, setenta áreas, 64 centiáreas) y parte del polígono III con una superficie de 596-47-43.53 (…) del municipio de Nextlalpan, Estado de México”, indica la resolución del DOF, que se puede revisar completa en el siguiente enlace:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5558569&fecha=26/04/2019
En tanto, documento de los ejidatarios, indica: “Al respecto, hacemos de su conocimiento que estamos conformes y de acuerdo con la referida Resolución Declaratoria que a la misma forma conocemos el proyecto del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, respecto del que reiteramos el apoyo y adhesión total con la referida determinación presidencial, ya que consideramos que es una medida atinada que infiere en el desarrollo del país”.
Asimismo, en el texto se señala que la comunidad da fe del Acuerdo de la Asamblea Poseedora de Terrenos del predio denominado “Xaltocan” al que se llegó el 10 de marzo antes referido y que del total de 204 asistentes, doscientas personas votaron a favor de declarar terrenos nacionales alrededor de 653 hectáreas; cero lo hicieron en contra y nadie se abstuvo.
A cambio, la comunidad aceptó el compromiso de la Sedatu a titular, sin costo, el resto del predio a los poseedores que así lo solicitaron y la reubicación de los predios afectados por la reducción para construir el Aeropuerto, que atiende a un 17 por ciento del total del territorio pactado.
Incluso, en dicho documento, que se acompaña de las firmas de 257 personas de la comunidad de Xaltocan, se reitera el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu, y se insiste que en todo el proceso lo han realizado sin la mediación de ninguna organización ni movimiento externo. “Reiterando el agradecimiento a los representantes de gobierno que integran las cuatro mesas de verificación de acuerdos de la consulta indígena quienes han actuado con honestidad y transparencia”, indican.
Y pese a todo, Juan Paredes denuncia el entorpecimiento de las negociaciones por los plantones del MST y que hay unos supuestos dueños que con escrituras falsas que buscan adjudicarse la posesión de algunas tierras; sin embargo, el representante comunal expresa: “lo que sí le puedo asegurar es que toda la vida hemos tenido estos predios en posesión, desde que tengo uso de razón, siempre han hecho de Xaltocan”.
