Pide Sistema Universitario Jesuita castigar a culpables sobre el caso Ayotzinapa

El Sistema Universitario Jesuita (SUJ) se une a las expresiones de solidaridad con la familia de Christian Alfonso Rodríguez, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecido junto con otros 42 estudiantes.

“Nos unimos al dolor de sus familiares y de las familias de los otros normalistas aún desaparecidos; al mismo tiempo, hacemos un reconocimiento a su incansable búsqueda y a su exigencia constante de sus derechos a la verdad y la justicia”, manifestaron.

En un comunicado, el sistema indicó que la identificación basada en la prueba forense que elaboró una institución científica de renombre, como la Universidad de Innsbruck y corroborada por el Equipo Argentino de Antropología Forense pone en evidencia la manipulación realizada por las autoridades mexicanas que en su momento presentaron una versión de los hechos carente de pruebas científicas.

“Los hallazgos desmienten esa versión y abren posibilidades para conocer qué pasó realmente con la desaparición de los estudiantes y cuál es el sistema de complicidades y encubrimientos que han obstaculizado el acceso a la justicia”.

En ese sentido, dilucidar el paradero de todos los estudiantes y sancionar a los responsables, incluyendo tanto a quienes perpetraron la desaparición como a quienes manipularon la investigación, son obligaciones del Estado mexicano que deben ser cumplidas a cabalidad y en breve término.

“El SUJ reconoce la incansable lucha de las familias, sin la cual la mentira habría prevalecido. Reconoce también el apoyo fundamental de las instancias internacionales, personas expertas, peritos independientes y organizaciones como el Centro Prodh, Tlachinollan AC, SERAPAZ y FUNDAR que han acompañado a las familias de los normalistas con compromiso y profesionalismo. Reconocemos también el esfuerzo realizado por las autoridades que, desde la Unidad de Investigación a cargo del caso y desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, coordinan las acciones gubernamentales hacia el esclarecimiento.

Hicieron un llamado a las instituciones del Estado a cumplir sus obligaciones en esta materia, entre ellas la de garantizar la rendición de cuentas, ofrecer a las víctimas vías de acceso a la justicia y reparación integral del daño, establecer mecanismos independientes de supervisión de los sistemas de seguridad y avanzar en garantías de no repetición de hechos tan preocupantes como éste. Para ello es fundamental, también, impulsar la atención integral y digna a todos los familiares de desaparecidos en México.

“De hacerlo, estaremos consolidando las bases para restablecer los vínculos sociales, garantizar la convivencia y la vigencia de los derechos humanos”, señalaron.

En estos términos, resolver el caso Ayotzinapa con justicia y verdad, puede significar un punto de no retorno para nuestro país y particularmente romper los pactos de impunidad que han dejado a miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos en el abandono.

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