Congreso de la CDMX aprobó iniciativa para castigar hasta con cinco años de cárcel a personas que practiquen “terapias de conversión sexual”

Este viernes, el Congreso de la Ciudad de México, aprobó la iniciativa para castigar hasta con cinco años de cárcel a las personas que practiquen terapias de conversión sexual, las cuales atentan contra el libre desarrollo de la personalidad e identidad sexual de los ciudadanos.

Durante el segundo periodo extraordinario del Congreso Local, avaló la reforma para modificar el Código Penal Local, que admite penas legales contra miembros de iglesias, especialistas médicos y psicólogos, o bien personas que pretenden revertir la orientación sexual con tratamientos agresivos, violentos ya sean físicos o psicoemocionales.

Es así que con 49 votos a favor, 9 en contra y cinco abstenciones, el Congreso de la CDMX, avaló la iniciativa propuesta en septiembre de 2018 por el diputado de Morena, Temístocles Villanueva Ramos, quien argumentó que la homosexualidad no es una enfermedad, y por ende no hay tratamientos para curarla.

Además, reconoció que este dictamen representa una victoria para la lucha de la comunidad LGBTTTI. “Hoy buscamos la penalización de las terapias de conversión, pues no hay nada que curar. Llevamos más de 30 años defendiendo que no estamos enfermos, respaldados además por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, detalló.

La iniciativa reforma artículos del Código Penal de la Ciudad de México, para sancionar con penas de dos a cinco años de prisión y entre 50 y 100 horas de trabajo comunitario a quien aplique los llamados Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig).

Cabe resaltar, que este dictamen hace una definición de las terapias de conversión como “aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tengan por objeto: modificar, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona”, advirtió el legislador Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

Sin embargo, Santillán Pérez detalló que que el dictamen salvaguarda el derecho al libre desarrollo de la personalidad y también salvaguarda la práctica médica profesional y el acompañamiento espiritual y religioso, siempre y cuando sea con el consentimiento de la persona.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Paula Soto Maldonado, aseguró que las terapias de conversión violan el consentimiento informado, emplean violencia física, psicoemocional y atentan contra la dignidad humana. “Es una acción violenta en contra de una persona y representan una amenaza para la salud, estigmatiza la homosexualidad y son consideradas poco éticas”, indicó.

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