El Senado de la República aprobó la ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre ellos el uso de armas réplica para la comisión de algún delito o que sirvan para intimidar o amagar a la víctima, portaciones de armas reservadas para el Ejército sin licencia o el abuso sexual contra menores.
En período extraordinario, los legisladores avalaron, las modificaciones a la Ley en lo general, con 56 votos a favor, 25 en contra y 7 abstenciones, con lo que se reforman nueve ordenamientos legales para armonizar la ampliación de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, vigente en la Constitución desde 2019.
El dictamen para armonizar las leyes secundarias con la reforma al artículo 19 constitucional se aprobó este miércoles, y amplía, en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el catálogo de delitos que ameriten la medida cautelar.
Los delitos agregados son los de la reforma constitucional de abril de 2019: delitos sexuales contra menores, corrupción, robo de hidrocarburos (“huachicoleo”), feminicidio, uso político de programas sociales, robo a casa habitación y robo a transporte de carga.
El agregado al Código Nacional de Procedimiento Penales incluye la posibilidad de no aplicar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa o cambiarla “cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato”, conocido como Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias.
En contra estuvieron las fracciones del PAN, PRI y MC, quienes aseguraron que la reforma aumenta la población penitenciaria en México y lejos de solucionar el problema de la delincuencia, promueve una figura violatoria de derechos humanos.
Por parte de la bancada de Morena, el senador Salomón Jara aseguró que la prisión preventiva oficiosa “es un mal necesario”, ante la realidad de delincuencia e inseguridad “que heredaron gobiernos anteriores”, y para “dar respuesta a la ciudadanía”.
Ante los votos negativos de los partidos de oposición, la morenista Lucía Trasviña, presidenta de la Comisión de Seguridad, cuestionó por qué no considerar el feminicidio como un delito grave o usar programas sociales para hacer proselitismo, como delito en materia electoral;
“preocúpense porque ya no se va a lavar dinero, porque ya no se va a comprar el voto, muchos de ustedes llegaron comprando y desparramando dinero del crimen organizado y no nos hacemos pendejos, es la cruda realidad”, señaló.
