Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que dicha institución política está de acuerdo en que se investigue a cualquier priísta o colaborador cercano que sea señalado por actos de corrupción, además de que no defenderá a ninguna persona que no acredite su inocencia, en relación con las declaraciones que ha hecho Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos Pemex.
Asimismo, el dirigente nacional del Revolucionario Institucional dijo que el PRI demandará al ex director de Pemex, “porque somos víctimas y queremos que se devuelva todo lo que indebidamente recibió”; cabe recordar que a mediados de julio, el propio Alejandro Moreno aseguró que no existe constancia de que Lozoya Austin haya militado en el partido que preside.
En declaraciones dadas a conocer por la Fiscalía General de la República, Lozoya Austin indicó que el ex mandatario Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda y también de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, le ordenaron sobornos entre legisladores para asegurar la aprobación de las reformas estructurales y también usar dinero ilícito para pagar asesores extranjero en la campaña presidencial del 2012.
Sin embargo, entrevista para Televisa, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo que hasta el momento no ha tenido contacto con Peña Nieto ni Videgaray. “El el PRI, como lo he dicho, estaremos trabajando. Si las autoridades encuentran alguna irregularidad que se investigue, yo no soy juez o fiscal, soy un hombre que cree en las leyes (…) Jamás solaparemos un acto de corrupción, pero tampoco una persecución, cada quien debe asumir su responsabilidad. El PRI no va a ser tapadera ni va a defender a nadie que no acredite su inocencia”, puntualizó el dirigente.
Durante la campaña del 2012, Emilio Loyoza declaró que repartieron 100 millones de pesos, mientras que del 2013 y 2014 fueron 120, según las cifras que dio la Fiscalía General de la República (FGR).
Alejandro Moreno puntualizó que en el partido no hay evidencia de ingresos adicionales y que le corresponderá a los señalados aclarar si recibieron recursos en relación con sus cargos públicos.