El demócrata Joaquín Castro, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, inició una investigación contra el secretario de Estado por su discurso durante la Convención Nacional Republicana. Las palabras de Mike Pompeo levantaron una ola de críticas por romper la regla que tradicionalmente impide a los funcionarios federales hacer proselitismo partidista abierto.
La decisión de hablar en la convención política con comentarios pregrabados desde Jerusalén rompe con el antiguo precedente de que los secretarios de estado en funciones evitan la política partidista, particularmente en el extranjero, y parece violar la orientación sobre actividades políticas que el mismo Pompeo enfatizó en un cable a los diplomáticos el mes pasado. Ha irritado a los funcionarios actuales y pasados ??del Departamento de Estado, explicó CNN.
En una carta al subsecretario de Estado Stephen Biegun el martes, Castro señaló: “Es muy inusual, y probablemente sin precedentes, que un Secretario de Estado en ejercicio hable en una convención partidista de cualquiera de los partidos políticos. Parece que puede también ser ilegal”.
El demócrata de Texas citó la Ley Hatch y la orientación del Departamento de Estado, incluido un memorando de diciembre de la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Estado de que “los designados presidenciales confirmados por el Senado no podrían ni siquiera asistir a una convención de partidos políticos o eventos relacionados con la convención”.
“En cumplimiento de la obligación constitucional de llevar a cabo la supervisión del Departamento de Estado, así como de determinar si es necesaria una acción legislativa, para abordar este asunto, el Subcomité de Supervisión e Investigaciones tiene la intención de examinar este asunto con detenimiento”, escribió Castro.
Pompeo grabó su discurso, programado para transmitirse en la convención el martes, mientras se encontraba en Jerusalén en un viaje oficial del Departamento de Estado a Medio Oriente y África del Norte.
Un portavoz del Departamento de Estado y otra fuente familiarizada con la situación defendieron la medida el domingo diciendo que Pompeo pronunciaría los comentarios a título personal y que no se utilizarían fondos de los contribuyentes. La fuente dijo que el discurso fue aprobado por los abogados personales de Pompeo, los abogados del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, y los abogados de la RNC.
Castro pidió al segundo diplomático de mayor rango que organizara una sesión informativa y proporcionara respuestas escritas antes del 1 de septiembre a una serie de preguntas relacionadas con esa autorización legal, el uso de los recursos y el personal del Departamento de Estado, la planificación y el itinerario del viaje oficial de Pompeo a la región, y si Biegun hará referencias al inspector general del departamento o la Oficina del Asesor Especial, que investiga las violaciones de la Ley Hatch.
