El consejero del Instituto Nacional de Electoral (INE), Uuc-Kib Espadas, manifestó que la consulta ciudadana para enjuiciar a los ex presidentes impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se prevé realizar para el 1° de agosto del próximo año, representará un costo multimillonario.
En contexto, la tarde este jueves, luego de pasar por los procesos para avalar la consulta sobre el enjuiciamiento a ex mandatarios, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la iniciativa, con la cual se podrá iniciar un proceso judicial contra cinco ex presidentes.
Entre ellos, se encuentran el ex presidente Carlos Salinas de Gortari que ocupó el cargo en 1988 a 1994; Ernesto Zedillo presidente de 1994 al 2000; Vicente Fox primer mandatario entre 2000 y 2006; Felipe Calderón, que su gobierno duró de 2006 a 2012, así como Enrique Peña Nieto quien fungió como Ejecutivo Federal de 2012 a 2018.
Por supuesto que la dictaminación de la Corte sobre la consulta popular fue muy bien recibida y por ende celebrada entre usuarios en redes sociales, seguidores del Gobierno de la Cuarta Transformación. No obstante, Uuc-Kib Espadas, señaló que los costos para la ejecución de la iniciativa serían muy elevados por la proximidad con la elección intermedia.
“El Senado pugnará la convocatoria correspondiente y a nosotros nos corresponderá hacer el proceso para desarrollar la consulta, que tendría que ser poco menos de dos meses después de la elección intermedia. Sería el 1° de agosto del próximo año”, dijo.
Según el consejero del INE en una entrevista para Grupo Fórmula, comentó que las jornadas electorales conllevan un esfuerzo significativo en la cuestión de recursos técnicos, presupuestales y humanos, y que de realizarle la consulta se estaría hablando de poco más de 8 mil millones de pesos.
Además, señaló que el dinero para realizar la consulta popular no se tiene presupuestado, por lo que el Congreso de la Unión, tendría que abordar una nueva partida económica en la cual se incluya este gasto.
“Recordemos que lo más duro de la elección es el día de la jornada electoral, es un esfuerzo significativo para el instituto, en términos técnicos, presupuestales y humanos. Se han mencionado cifras de 8 mil millones de pesos”, señaló el consejero electoral.
Sin embargo, aunque el próximo año se prevé una agenda apretada para el instituto, el consejero aseguró que la tarea principal del INE es garantizar que este tipo de ejercicios se realice de la manera correcta.
“La verdad es que mi primera opinión es que es más chamba que se nos viene encima, ahora aparte de encuestadores seremos consultores, pero no me toca opinar de ninguna manera. En la función en que nos encontramos es llevar a cabo, si la Corte dice que va adelante y el Ejecutivo mantiene la intención, nos toca sacar la consulta, garantizando a los ciudadanos que lo que vayan a decir contará y se contará bien”, afirmó.
Reconoció que ahora con el fallo de la Corte, se deberá estructurar todo el aparato electoral para la realización de la consulta, es decir, fundamentalmente se tendrán que preparar las mesas directivas de casilla, establecer lo que continúa después de la elección para los consejos locales y distritales del instituto y prepararse para una consulta, lo cual no representa tanta complejidad.
Asimismo, dijo que el proceso de la reunión de firmas debe continuar, puesto que la pregunta que fue avalada por los 8 ministros de la Corte, es diferente a la pregunta formulada en la propuesta del primer mandatario.
“En principio son procesos separados, más adelante se resolverá si la pregunta se puede sintetizar, la pregunta era muy semejante porque la realidad es que la pregunta que hace la Corte es diferente, el proceso tendrá que seguir y habrá que ver, en su caso que resuelve la Corte, si la verificación de las firmas resulta exitoso”, aseguró.
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