Un Tribunal Federal autorizó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que pueda detener al ex oficial mayor de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Emilio Zebadúa González, por su presunta participación en el desvió de recursos millonarios a través de la “Estafa Maestra”.
Emilio Zebadúa, fungió como la mano derecha de la entonces titular de Sedesol, Rosario Robles Berlanga, misma que en este momento se encuentra enfrentando un proceso penal por los delitos de ejercicio indebido de los recursos públicos por medio de la conocida Estafa Maestra.
Cabe aclarar que el ex funcionario promovió el juicio de amparo una semana antes de que la FGR solicitara audiencia inicial para imputar a Rosario Robles, quien hoy se encuentra en prisión preventiva oficiosa.
En este sentido, luego de la Fiscalía había impulsado un recurso de revisión para revocar la suspensión definitiva que el juez federal, Felipe Sifuentes Servín, le otorgó a Zebadúa González para no ser detenido; por unanimidad el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito modificó la resolución, misma que impedía a la FGR llevar el caso ante un juez de control.
Esto ya le permite a la FGR judicializar la carpeta de investigación que se integra contra el quejoso, quien es investigado por estar presuntamente involucrado en la ejecución del desvío de recursos por 5 mil millones de pesos, a través de diversos servidores públicos, la contratación y supervisión de convenios con universidades.
Asimismo, los magistrados le negaron al quejoso, la suspensión definitiva para efectos de pueda tener un libre acceso a dicha carpeta, puesto que esto daría pauta a que se infrinjan las disposiciones de orden público, mismas que establecen la facultad de reserva del Ministerio Público.
Emilio Zebadúa argumentó una supuesta omisión por parte de las autoridades, pues alega que no lo han citado en calidad de inculpado o imputado dentro de la carpeta de investigación que integra en su contra, con el fin de conocer la acusación, los datos de prueba o elementos que existen en su contra, así como no darle acceso a las constancias.
En este sentido, los magistrados argumentaron que la persona que adquiera la calidad de imputado dentro de una investigación, tendrá acceso a los registros de la carpeta de investigación en tres momentos diferentes, los cuales son: cuando el imputado se encuentre detenido, cuando se reciba su declaración o sea sujeto de un acto de molestia y se solicite su entrevista, y antes de su primera comparecencia ante el juez, con la oportunidad debida para preparar su defensa.
Sin embargo, “la carpeta de investigación afecta al juicio, se advierte que el quejoso no se encuentra en ninguna de las tres hipótesis mencionadas”, por lo que el Tribunal consideró que la solicitud es improcedente.
“En ese orden de ideas, tanto en la Constitución como en el código de referencia, el legislador consideró dotar en la etapa de investigación inicial al Ministerio Público de la facultad de reserva de los datos de prueba, con la finalidad de salvaguardar el éxito de la investigación, y ésta no se vea obstaculizada, hasta en tanto no pretenda recibirle la declaración o entrevista al imputado; pues una vez que esto ocurra se activa el derecho de éste de acceder a la carpeta de investigación correspondiente”, detalla la resolución.
Es preciso recordar que el año pasado, Emilio Zebadúa, obtuvo una suspensión que impedía su captura, como lo que el Ministerio Público no podía citarlo a comparecer, confiscar bienes o judicializar la carpeta de investigación en la que se le imputa haber dirigido la falsificación de firmas y convenios, simulación de contrataciones y otros actos que derivaron en un daño al erario por 5 mil 73 millones de pesos.
