Con 61 votos en pro, 28 en contra y una abstención, el Senado de la República determinó improcedente la petición de consulta popular en materia de otorgamiento de apoyo económico, pues este tema involucra el ejercicio del gasto público, el cual no puede someterse a este ejercicio de participación ciudadana.
En el dictamen aprobado se explica que la materia de la que trata la pregunta de la consulta (apoyo económico a trabajadoras y trabajadores) queda fuera de las permitidas constitucional y legalmente.
Precisa que en el artículo 35 de la Constitución, fracción VIII, apartado 3, se establece que no podrán ser objeto de consulta popular, entre otros temas, los ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En este sentido, señala que cualquier apoyo económico que otorgue el gobierno federal implica, por necesidad, un gasto público, por ello “no puede existir una consulta popular para preguntar a la ciudadanía, si considera procedente que el gobierno federal otorgue apoyos económicos a determinadas personas en situaciones de crisis”.
No es procedente dicho tema porque el otorgamiento de recursos económicos implica al gasto público, con independencia, de tener que justificar el monto a otorgar, los recursos de dónde se obtendrán dichos montos, su inclusión en el presupuesto de egresos, entre otras cuestiones relacionadas con las finanzas públicas, se subraya.
Esta petición de consulta popular fue presentada por senadoras y senadores de diversos Grupos Parlamentarios y plantea como pregunta para la entrega de apoyos económicos a las personas que perdieron sus trabajos, formales o informales, o disminuyeron sus ingresos con motivo de crisis económicas, como la ocasionada por la actual pandemia.
Al presentar el dictamen, el senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, dijo que se determinó la improcedencia de esta petición de consulta, pues no cumple la peculiaridad general y no presenta una vinculación entre la pregunta que plantea y el objetivo que persigue.
Aunado a ello, señaló, no contribuye a una efectiva reactivación económica, además el tema que propone no se encuentra entre los supuestos que la ley establece para poder ser objeto de consulta popular.
El senador Martí Batres, de Morena, aseguró que la propuesta de consulta que se presenta no se trata de un ingreso, sino se plantea un apoyo emergente de una sola vez y a un grupo social determinado”. Explicó que el ingreso básico universal en el caso de México sería un ingreso permanente para 80 millones de personas, por lo que se necesitarán varios sexenios para que pueda crecer paulatinamente.
Al defender la solicitud de la consulta, el senador Damián Zepeda Vidales, del PAN, explicó que el objetivo es dar respuesta a la población afectada por la crisis derivada del Covid-19, que se estima son 12.5 millones de personas, las cuales han perdido sus empleos.
La senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, también del PAN, afirmó que la consulta popular que se propuso era transcendental para el país por las condiciones económicas adversas que ha ocasionado la pandemia del coronavirus.
A su vez, Verónica Martínez García, del PRI, señaló que en el marco de una crisis de salud y económica sin precedentes, que ha dejado a millones de familias en desempleo, es necesario priorizar y respaldarlas con apoyos extraordinarios y no con los programas sociales que ya están implementados.
Nuvia Mayorga Delgado, senadora del PRI, agregó que brindar un apoyo económico a los más de 12 millones de personas que se han queda sin empleo es de trascendencia nacional. Si bien la crisis generada por el virus no es responsabilidad de nadie, el gobierno federal debe diseñar estrategias para mitigar la crisis.
Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que para otorgar un apoyo económico a quienes hayan perdido su trabajo o disminuido sus ingresos por la pandemia se requiere voluntad política. Nada garantiza que la transmisión del Covid-19 esté controlada “y podríamos que tener que tomar la difícil decisión de restringir más actividades a fin de año o principios del siguiente y no podemos permitir otra caída del bienestar”.
Por el PES, la senadora Sasil de León, precisó que el Gobierno de México implementó medidas para reducir el impacto económico de la contingencia, desde su inicio. El Senado, consideró, debe enfocarse en la reactivación económica desde una visión social, solidaria y humana como lo ha planteado el Gobierno, sin comprometer con endeudamiento el futuro de las generaciones siguientes. Además, convocó a mantener la unidad nacional y defender el interés del pueblo.
El senador Miguel Ángel Mancera dijo que el PRD está convencido que el ingreso mínimo vital establecerá la forma en que el Estado concurre a la protección y ayuda de quien así lo necesita. Aseguró que se habla de la implementación de una política pública y no de generar algún tipo de gasto público, por lo que no se vulnera ninguna disposición constitucional, como se establece en el dictamen.
Senadoras y senadores de los Grupos Parlamentarios de Acción Nacional y del PRI presentaron propuestas de modificación, las cuales fueron rechazadas por la mayoría de la asamblea.