El ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, estará inhabilitado al menos por un año para ejercer algún cargo dentro de la administración de la CDMX, de acuerdo con una solicitud del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Por medio de un comunicado, la Contraloría de la CDMX, dio a conocer que la participación del ahora senador del PRD, en la campaña presidencial de 2018, puso en riesgo la equidad de la contienda, vulnerando el principio de imparcialidad y neutralidad.
Por ello, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General impuso la sanción por medio de una resolución con fecha del 5 de octubre pasado.
En este sentido, a partir de esta fecha y hasta octubre de 2021, el ex mandatario Mancera, no podrá ejercer algún cargo dentro de la administración pública de la capital, sin embargo podrá continuar con su cargo como senador del PRD.
Miguel Ángel Mancera no será amonestado económicamente, por que no se trata de un delito grave en materia electoral, pero implica una pena mínima en materia administrativa.
Por otro lado, el senador no deja de estar ligado al escándalo, pues en días recientes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, denunció personalmente a ex colaboradores cercanos de Mancera a quienes identificó como el “Cártel Inmobiliario”.
De acuerdo con Nieto Castillo, el pasado 24 de septiembre ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, presentó una denuncia contra el grupo de personas cercanas al senador por el PRD, por su participación en presuntas operaciones con recursos de procedencia y enriquecimiento ilícitos, las cuales ya son rastreadas por su origen y dispersión de los recursos.
La denuncia quedó asentada en la carpeta de investigación CI-FIAR/B/UI-2 S/D/00006/09-2020 y en ella habría señalado como imputados a personas cercanas al ex jefe de gobierno capitalino, como Raúl Ruiz Herrera, Uriel Oliva Sánchez y Alejandro Ruiz Herrera, quienes trabajaban en las notarías 215 y 233, respectivamente.
Asimismo, en dicha acusación también están los nombres de Fausto Ernesto Galván Escobar, ex coordinador General de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo, de la Secretaría de Desarrollo Económico; y su pareja sentimental, María Vanessa Arroniz Sehedi, exrepresentante legal de las desarrolladoras BAITA y DEKAH.
Cabe destacar que estos notarios habrían simulado operaciones en las que ocultaban folios reales y números de escrituras para que no pudieran ser localizadas en el Registro Público de la Propiedad. Además, habrían permitido el uso de prestanombres en procesos de cambio de uso de suelo.
Ante esto, el titular de la UIF precisó que en la acusación se analizaron las bases de datos de la Unidad y en ellas se identificaron las operaciones que hicieron los presuntos miembros del “Cártel Inmobiliario”.
En un segundo rastreo, se ubicaron varios de los nombres anteriores con cuentas bancarias en el extranjero. Es importante mencionar que la Unidad de Inteligencia Financiera ya ha congelado algunas de las cuentas implicadas, aunque esto no se ha asentado en la carpeta de investigación.
