Con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República, compareció, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
En su intervención inicial, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, señaló que se han acelerado las acciones para terminar con la impunidad y construir una administración pública orientada a la legalidad, imparcialidad, eficiencia y eficacia que verdaderamente contribuya al bienestar de las y los mexicanos. Este Gobierno, afirmó, será recordado por moralizar la política y por inaugurar una nueva ética pública.
Informó que se han impuesto más de cinco mil sanciones a servidores públicos, entre las cuales destacan más de mil 500 inhabilitaciones, casi mil suspensiones, más de 900 amonestaciones públicas, más de 800 amonestaciones privadas, casi 400 sanciones económicas y 282 destituciones.
“Todas ellas, se han determinado sin importar el nivel jerárquico o las conexiones políticas de los involucrados; se han sancionado a los funcionarios de los más altos niveles, exsecretarios de Estado, exdirectores generales de empresas productivas del Estado, exgobernadores y otrora miembros del gabinete de seguridad enfrentan ya procesos judiciales y administrativos”, explicó.
“Rosario Robles, Emilio Lozoya, Edgar Torres Garrido y algunos de sus cómplices han recibido la sanción administrativa más alta posible; esta administración no ha protegido a nadie”, añadió.
Indicó que la impunidad ante violaciones a los derechos humanos también es historia. La Secretaría, añadió, ha aplicado todas las sanciones administrativas y ha promovido procesos judiciales; en sólo dos años “he presentado ante la Fiscalía General de la República más de 513 denuncias penales; dos veces más que en todo el sexenio pasado”.
Precisó que se han sancionado a 321 proveedores y contratistas; se han impuesto multas resarcitorias por un monto de más de mil 500 millones de pesos. A lo largo de la pandemia se han realizado acompañamientos fiscalizadores y de asesoría, a más de tres mil 300 procesos de contratación en el sector salud, por más de 9 mil 500 millones de pesos.
“Estamos realizando una revisión escrupulosa de todas las contrataciones para asegurar que la emergencia no sea pretexto para encubrir desfalcos al pueblo de México; el Gobierno auspicia el derecho a la salud y asegura que este prevalezca por encima de cualquier interés de lucro”, apuntó.
Refirió que desde septiembre 2019 se han recibido y atendido más de 27 mil denuncias por posibles actos de corrupción; en las últimas semanas, se han aplicado multas por más de 21 millones de pesos a más de una docena de proveedores. Además, se apoyan los proyectos prioritarios como el Tren Maya, los programas de bienestar, las refinerías y diversos temas de Petróleos Mexicanos.
Añadió que hoy “la Cuarta Transformación avanza con el apoyo del pueblo. El 65 por ciento de los mexicanos confía en la lucha contra la corrupción que encabeza el Presidente de la República; gracias al trabajo que se ha realizado se duplicó la confianza en el Gobierno y se redujo en más del 23 por ciento la percepción de la corrupción”.
El diputado Alejandro Mojica Toledo (Morena) consideró que es evidente que la SFP es una autoridad que juega un papel fundamental para acabar con la corrupción y la frivolidad que ha desvirtuado el sentido del servicio público. Preguntó ¿qué reformas considera necesarias para atender las quejas sobre la supuesta inoperatividad, contradicciones o lagunas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas?
De la misma bancada, Alfredo Antonio Gordillo Moreno destacó que los ciudadanos esperan del Gobierno un buen desempeño, que realice sus tareas de manera eficiente, optimice los recursos públicos y atienda las demandas y necesidades de la sociedad. Pidió información sobre las auditorías de desempeño que realiza la SFP para mejorar la gestión pública y garantizar que las entidades, estrategias, políticas públicas y programas cumplan con el mandato.
La diputada Josefina Salazar Báez (PAN) afirmó que es claro que este Gobierno es reacio a la rendición de cuentas y a los controles democráticos y puntualizó: “México puede declarar oficialmente muerto su proceso de consolidación de la democracia”. Preguntó sobre los motivos de la cancelación del nuevo aeropuerto y de las investigaciones del enriquecimiento de Manuel Bartlett. “La Ley espera ser cumplida sin pretextos ni salidas victimizantes”.
Cruz Juvenal Roa Sánchez, diputado del PRI, consideró que la transparencia y rendición de cuentas representan el componente de cambio en la interacción de las instituciones con la ciudadanía. Agregó que su grupo parlamentario está convencido de que el uso racional de los recursos debe ser un pilar en el desempeño de la gestión pública para dar resultados positivos.
El diputado Óscar González Yáñez (PT) dijo que la Secretaría de la Función Pública no tiene los instrumentos legales para actuar; por ello, afirmó, es necesario dárselos, porque “si pedimos cosas, podemos pasar por los derechos de servidores públicos, pero cómo le hacemos si el instrumento legal no ayuda, y esa es responsabilidad nuestra. No pidamos lo que no se puede hacer”.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) preguntó ¿cómo estamos en la construcción de la plataforma nacional digital que mandata la Ley Anticorrupción del Sistema porque actualmente está paralizada? Y agregó que desde el 2019 se tuvo la posibilidad de instalar Comités Técnicos de fideicomisos, ¿por qué no se instalaron? ¿Por qué se optó por desaparecerlos?
Falta dar seguimiento a denuncias contra funcionarios
De Encuentro Social, la diputada Carolina García Aguilar dijo que la lucha contra la corrupción no es una bandera discursiva más, es un compromiso y puntualizó que quedaron en el pasado los derroches y despilfarros gracias a la reducción del 75 por ciento de los gastos generales del Gobierno; sin embargo, afirmó que aún está pendiente el seguimiento a denuncias en contra de algunos funcionarios de ésta y otras administraciones.
El diputado Jorge Casarrubias Vázquez (PRD) subrayó que las irregularidades, opacidad y conflicto de intereses han sido constantes en esta gestión. Afirmó que tres de cada cuatro contratos del Gobierno se han dado por adjudicación directa violando la Constitución y las leyes. La crisis por la pandemia abrió la puerta para que diversas dependencias contratarán con carácter de urgente sin tener que pasar por un proceso de licitación pública.
En respuesta a los comentarios de las y los diputados, la titular de la Función Pública expuso que en la construcción de la Plataforma Nacional Digital se trabaja al cien por ciento con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización. Añadió que se han recuperado alrededor de diez mil millones de pesos en materia de recursos federales e iniciado procedimientos de responsabilidad administrativa.
Sobre el tema de los fideicomisos, expuso que éstos son meros contratos e instrumentos financieros que involucran una disposición de dinero encomendada de buena fe a una institución financiera para su entrega final a una tercera persona o a una causa específica; sin embargo, tienen que estar sobre la base de la continua transparencia y rendición de cuentas.
Añadió que con la eliminación de 109 fideicomisos no se cancelan los objetivos de los mismos, sino se “cancelan los cheques en blanco, la fe depositada en bancos y en instituciones financieras, así como el descontrol de los operadores opacos políticos y privados de los fondos; no se van a cancelar las becas, los subsidios ni los proyectos, pero ahora habrá mecanismos presupuestales que garanticen transparencia y rendición de cuentas”.
Subrayó que al cierre de 2019, se tenían 338 fideicomisos sin estructura y con disponibilidades de 740 mil millones de pesos, lo que representa el 22 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación.
