Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron el dictamen que busca que las y los legisladores federales puedan ser imputados y juzgados por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos ilícitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano.
El proyecto de decreto se deriva de una iniciativa que presentaron los coordinadores de todos los Grupos Parlamentarios en la plenaria del 19 de noviembre. Adiciona un párrafo tercero al artículo 108 de la Constitución Política.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Cristóbal Arias Solís, señaló en que supeditar las acciones de todos los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, incurran en hechos delictivos para ser sujetos de procesos penales ante las autoridades competentes constituye una medida que permitirá reforzar el Estado de Derecho.
Y agregó que es evidente que la deshonestidad de gobernantes ha causado un deterioro a la vida pública del país, por lo que el presente dictamen tiene como propósito que las y los legisladores federales puedan ser imputados y juzgados por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano.
“Coincidimos y reconocemos en que se tiene que dar un tratamiento equilibrado al régimen de responsabilidades del Presidente de la República y de las y los legisladores federales”. Así, acotó, se considera que el fuero constitucional no debe ser un impedimento para sustanciar procesos penales en contra los servidores públicos.
El dictamen se aprobó con 18 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Recibió el respaldo de los senadores Damián Zepeda Vidales, de Acción Nacional y Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, pues, consideraron necesario que no sólo se acote el fuero presidencial.
