Esta tarde el Pleno de la Cámara de Diputados emitió el proyecto de declaratoria de aprobación del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de movilidad y seguridad vial.
En este sentido, las reformas a la Carta Magna establecen el derecho constitucional de las personas a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Durante la sesión, una vez que se realizó el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislatura de los estados y de la Ciudad de México, la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce Sauri Riancho dio a conocer la declaratoria.
“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislatura de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de movilidad y seguridad vial. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales”, indicó.
La declaratoria, faculta al Congreso de la Unión a expedir la ley general de movilidad y seguridad vial, además de que armonice lo correspondiente en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Asimismo, amplía la facultad de los municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación y programas de desarrollo urbano, a fin de atender los planes en materia de movilidad y seguridad vial.
La secretaría de la Mesa Directiva dio cuenta de la recepción de 23 votos aprobatorios de las legislaturas de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.
En tanto, el proyecto de declaratoria de aprobación de la reforma constitucional en materia de movilidad y seguridad vial, fue turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
