Con el objetivo de proteger las lenguas, derechos y cultura de los pueblos y comunidades originarias, el senador Martí Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para establecer al español y a las lenguas indígenas como idiomas oficiales de México.
El senador afirmó que esta propuesta busca preservar la cultura de estas comunidades, una de las aspiraciones y demandas históricas de los pueblos originarios que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y antes del establecimiento del Estado Mexicano.
La iniciativa plantea incluir el Akateko, Amuzgo Awakateko, Ayapaneco, Cora, Cucapá, Cuicateco, Chatino, Chichimeco, Chinanteco, Chocholteco, Chontal de Oaxaca, Chontal de Tabasco, Chuj, Ch’ol, Guarijío, Huasteco, Huave, Huichol, Ixcateco, Ixil, Jakalteko, Kaqchikel, Kickapoo, Kiliwa, Kumiai, Ku’ahl, K’iche’, Lacandón, Mam, Matlatzinca, Maya, Mayo, Mazahua, Mazateco, Mixe, Mixteco y el Náhuatl.
También, el Oluteco, Otomí, Paipai, Pame, Pápago, Pima, Popoloca, Popoluca de la Sierra, Qato’k, Q’anjob’al, Q’eqchí’, Sayulteco, Seri, Tarahumara, Tarasco, Teko, Tepehua, Tepehuano del norte, Tepehuano del sur, Texistepequeño, Tojolabal, Totonaco, Triqui, Tlahuica, Tlapaneco, Tseltal, Tsotsil, Yaqui, Zapoteco y Zoque; así como sus variantes lingüísticas reconocidas por la Ley.
De acuerdo con el legislador, el español es la lengua más extendida en el territorio mexicano, su uso en los documentos oficiales y su hegemonía en la enseñanza estatal lo han convertido en un idioma oficial de facto y más del 98 por ciento del total de los más de 125 millones de habitantes de México lo emplean, ya sea como lengua materna o como segunda lengua.
En cuanto a las lenguas indígenas, apuntó que se calculan alrededor de siete millones 300 mil personas, de tres años en adelante, que hablan alguna lengua indígena, las más utilizadas son el Náhuatl, Maya y Tseltal.
Recordó que en 1994 surgió el movimiento zapatista en Chiapas, el cual colocó en el escenario nacional la situación de pobreza y marginación en la que viven las comunidades indígenas en nuestro país. Derivado de ello, apuntó, se firmaron los Acuerdos de San Andrés, en los que el gobierno Federal se comprometió a garantizar a los pueblos y comunidades indígenas, mejores niveles de bienestar, desarrollo y justicia.
Asimismo, el tratado plantea desterrar comportamientos de discriminación, la pobreza y la marginación de éstos, estableciéndose que, para alcanzar la efectividad de los derechos sociales, económicos, culturales y políticos de los pueblos indígenas, el Estado debería garantizar el acceso pleno a la justicia, con reconocimiento y respeto a su cultura.
Igualmente, se establece que deben promoverse y desarrollarse las lenguas y culturas indígenas, por lo que se debe destacar su conocimiento y respeto al contar las lenguas indígenas con el mismo valor social que el español.
A pesar de esto, Martí Batres señaló que no existe en el texto constitucional el establecimiento de idioma oficial para el Estado Mexicano; indica que, si bien es cierto que la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, reconoce a las lenguas indígenas y al español como lenguas nacionales en México, también lo debería hacer la Constitución Política.
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue turnada directamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.