Comunidades indígenas obtienen suspensión definitiva contra construcción del Tramo 2 del Tren Maya

El juzgado primero de distrito con sede en Campeche concedió una suspensión definitiva contra las obras del tramo 2 del Tren Maya, luego de que comunidades indígenas interpusieron un amparo contra las construcciones que irían de Escárcega a Calkiní, en el estado de Campeche.

De acuerdo con la información, el recurso se interpuso desde julio de este año en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por parte de al menos 100 organizaciones ambientalistas e indigenistas, las cuales denunciaron que la obra generaría daños ambientales y al acuífero, lo que “violenta a los pueblos originarios”.

“Este tren nos desplazará, va a modificar drásticamente nuestras formas de vida, imponiéndonos un desarrollo masivo de diferentes megaproyectos sin consultarnos nuestro parecer”, dijeron los representantes de estos grupos durante una rueda de prensa virtual destinada a informar sobre la situación del amparo.

En ese sentido, la juez encargada del caso determinó que hubo elementos suficientes para detener el proyecto mientras se desarrolla el juicio de amparo interpuesto. En tanto esto sucede, el Gobierno Federal no podrá construir rieles en ese trecho ni remover 800 hectáreas de vegetación, acciones incluidas dentro del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).

Entre las organizaciones que interpusieron el amparo se encuentran el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil; el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Defendiendo el Derecho a un Ambiente Sano, Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal y otras.

En entrevista para A Barlovento Informa, Pedro Uc Be, representante de Múuch Xínbal, acusó que el Tren Maya se aprobó bajo una consulta hecha a modo, en donde únicamente se ponderaron los aspectos positivos de la obra y sin presentar a las comunidades la información científica pertinente, así como sus impactos negativos, por lo que las comunidades se organizarían para promover recursos jurídicos y pedir asesoría académica.

“No se han llevado nunca los condicionamientos (en la consulta para aprobar el Tren) que por derecho nos corresponden, es decir, estas cinco palabritas muy conocidas y muy manejadas y muy usadas y abusadas de que la consulta debe ser previa, libre, culturalmente adecuada, informada y de buena fe. Nada de esto se ha podido porque parece que el Tren Maya no es la respuesta a una pregunta de los pueblos mayas, sino que más bien es una decisión tomada independientemente de lo que los maya piensen”, expuso.

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  • Redacción A Barlovento Informa

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