Parlamento Abierto analiza minuta que reforma al Poder Judicial de la Federación

Con motivo de la minuta que prevé modificar los artículos 94, 97, 99, 100, 105 y 107 de la Carta Magna, relativos al Poder Judicial de la Federación, se llevó a cabo el Parlamento Abierto en donde diputados, magistrados, operadores y especialistas analizaron el dictamen.

Al respecto, la diputada morenista Aleida Alavez Ruiz, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales precisó que la minuta representa una reforma profunda a la organización del Poder Judicial de la Federación. “Es una asignatura pendiente con el pueblo de México; en la actualidad, nuestro país está en el lugar 60 de 69 naciones que mide el Índice Global de Impunidad”, resaltó.

De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el problema de la impunidad en México es funcional y estructural, por lo que es necesario tomar medidas urgentes. Además, el Índice Global de Impunidad 2020 advierte que existe la necesidad de mejorar las capacidades de la impartición de justicia del país.

Ante esto, la legisladora dijo que la reforma es congruente con la lucha contra la injusticia y la impunidad; es el resultado de los esfuerzos conjuntos de los tres poderes de la Federación. “El Legislativo no podía ser indiferente ante esta urgente necesidad de fortalecer a nuestras instituciones de impartición de justicia”, agregó.

Asimismo, señaló que la minuta que mañara será abordada en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, son el fortalecimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como tribunal constitucional e impedir que los poderes constituidos rebasen la competencia que expresamente le señala la Constitución, y separar la jurisdicción ordinaria de la del ámbito constitucional.

También recalcó la importancia de combatir la corrupción, el nepotismo y el acoso, dotando al Consejo de la Judicatura de mayores facultades para tomar medidas cautelares y acciones contra integrantes del Poder Judicial que desvirtúen sus funciones; además, de impulsar la carrera judicial, a través de una Escuela de Formación; así como de contar con la Defensoría Pública, y garantizar la paridad de género. “Es necesario romper barreras para que la participación de mujeres en la carrera judicial sea paritaria”, enfatizó.

Por el PT, la diputada Ana Ruth García Grande llamó a analizar el proceso de designación de los ministros, a fin de que sea democrático y termine con el nepotismo y corrupción, así como las atribuciones de quienes presiden el Poder Judicial y la Judicatura para que realmente actúen como contrapeso.

Mientras que Rubén Cayetano García, diputado de Morena, expuso que la reforma debería llevar hasta la Constitución el tema del nepotismo y todos los lastres que tienen los tribunales y de quienes imparten la justicia en México, además de considerar a la inamovilidad, ya que “generó comodidad, nepotismo, poder absoluto y ha generado que jueces promuevan a sus familiares”.

En tanto, el magistrado Alejandro Sergio González Bernabé, consejero de la Judicatura Federal, señaló que la minuta es el siguiente peldaño para el fortalecimiento de la institución, bajo los principios de eficiencia y deja de lado la figura clásica del juez constitucional, colocándolo en su actual papel de agente activo dentro de la consolidación del Estado de derecho como personaje atento a los cambios y fenómenos sociales.

Asimismo, el magistrado Arturo Guerrero Zazueta, secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, expuso que las reformas buscan mejorar la forma en que la población accede a la justicia y llamó a considerar las implicaciones que podrían tener los cambios, porque actualmente hay 98 tribunales ordinarios; la idea es que haya un máximo de 41. “Hacer más con menos, aprovechar los recursos y no generar una estructura cada vez más grande y pesada”.

Tanto legisladores, magistrados y especialistas destacaron que la propuesta es trascendental importancia, ya se su aprobación puede tener un enorme impacto en el sistema jurídico y contribuir a una mejora de la vida pública en nuestro país.

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