Se reabrirá el caso de Ernestina Ascencio a fin de garantizar la verdad y la justicia: Alejandro Encinas

Esta mañana, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, mencionó que a las 10 am de este día, se reunirá con las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, posteriormente, a las 2 de la tarde se dará un informe virtual de las actividades que en materia de derechos humanos se han desarrollado.

Así mismo, esclareció el compromiso del gobierno respecto al caso de la señora Ernestina Ascencio, una mujer indígena náhuatl de 73 años que vivía en condiciones de marginación y pobreza en Atzompa Veracruz y que por declaraciones de sus familiares fue atacada por elementos del ejército mexicano.

El 25 de febrero del 2017, la hija de la señora Ernestina observó que los borregos que su madre pastoreaba regresaban solos al paraje donde vivían, al ir a buscarla y encontrarla tirada le preguntó que había sucedido y dijo que los soldados “se le habían echado encima”.

Fue trasladada a la Ciudad de Mendoza en Veracruz, donde falleció al día siguiente, en la clínica donde la atendieron, el personal reportó presencia de lesiones correlativas con violación vaginal y anal, además, que sus agresores le introdujeron un objeto punzo cortante que le destruyó el hígado y el riñón y el intestino.

Dicha información fue confirmada por la Procuraduría General Justicia del estado, sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, realizó una investigación y exhumó el cuerpo, llegando así a la conclusión de que la señora había fallecido por, y citó el documento: “por las alteraciones tisulares y viscerales consecutivas a anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario, a ulceras gástricas pépticas agudas en una persona que cursaba por una neoplasia hepática maligna, un proceso neumónico en etapa de resolución, isquemia intestinal y trombosis mesenteril”.

En palabras, de Felipe Calderón, menciona Encinas: “la señora murió de gastritis crónica”.

El subsecretario reiteró que esta posición por supuesto resulta inaceptable para el Gobierno de México por lo cual, señaló que la posición sostenida con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la reunión de trabajo de esta semana, no representa la posición del estado mexicano, las políticas en materia de protección y garantía de los derechos humanos y tampoco las  instrucciones del presidente en esta materia.

Por ello, aseguró que una vez conversado con la Fiscalía y la Secretaría General de Gobierno del estado y la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores se decidió que el informe de estos hechos que se presentarán en 3 de enero a la CIDH establecerá que la Fiscalía General de Justicia de Veracruz abrirá de nueva cuenta las indagatorias hasta agotar todas las líneas de investigación a fin de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas.

A su vez, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, habló sobre casos que los jueces resuelven de manera razonada y con argumentos, mencionó que esto sólo busca fomentar un debate respecto a aspectos relevantes de la vida pública como son los procesos judiciales.

La secretaria rindió cuenta de “Rafael” al que se refirió solamente así para respetar sus datos personales.

Rafael es hijo de una periodista que en la mañanera presentó su caso; en 2008 fue detenido el Valle de Bravo y acusado de delincuencia organizada con portación de armas de fuego de uso del ejército.

Su sentencia fue de 17 años de prisión y 350 días de multa, misma que fue revisada y quedó reducida a 16 años. Posteriormente se dio un incidente conocido como “incidente de simultaneidad de penas” por virtud del cual el órgano jurisdiccional que conoció del asunto determinó descontar el tiempo de prisión preventiva, la cual fue impugnada por la Fiscalía, pero confirmada por un Tribunal Unitario con lo que la pena quedó en 10 años a partir de la fecha de su detención.

En diferentes recursos, uno de los cuales llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se llegaron a distintas alegaciones que concluyeron en la determinación de la incorrección de los tribunales acerca del alegato de tortura, lo cual debía ser revisado.

Esto tuvo como consecuencia la reposición del procedimiento con un efecto en la libertad del sentenciado, hace poco su defensa promovió una petición urgente de libertad, misma que fue negada.

Olga Sánchez Cordero señaló ya ha pasado más tiempo en prisión del que había determinado una sentencia interlocutoria, es decir, esta persona ya había compurgado toda la pena y hoy, por la reposición del procedimiento y por decisión de los jueces sigue privado de su libertad.

“Soy consciente que en derecho las cuestiones interpretativas su di files de dirimir de manera definitiva, pero también estoy convencida de que es posible buscar alternativas dentro del derecho, que favorezcan situaciones justas que tutelen con mayor eficacia los derechos”, aseguró.

Esta persona (Rafael) alega, haber sido torturado, así que, para cumplir con la instrucción presidencial, Olga Sánchez Cordero hizo un llamado al Poder Judicial para agilizar los trámites de resolución, no sólo de este caso, si no en todos los cuales la demora en la impartición de justicia tenga como consecuencia la afectación al derecho de la libertad.

Así mismo, mencionó que el trabajo de los abogados es muy importante sobre todo en procesos penales y que debe ser mejorado en muchos sentidos principalmente en la calidad de las estrategias y argumentos que se vierten ante los jueces.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que, en el caso de Rafael, se propone que se abra un debate necesario sobre el procedimiento ya aseguró que se presentará una queja a la Consejería de la judicatura para que se revise el procedimiento y se pueda conocer si la actitud de los jueces se apega a derecho y sobre todo si actuaron con justicia.

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