A cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, el Secretario General de las Naciones Unidas instó una vez más a que se cumpla de manera integral para impulsar el desarrollo, la paz y la seguridad en el país.
En su informe trimestral sobre la nación sudamericana, publicado este jueves, António Guterres consideró que en el 2021, un año centrado en la recuperación de la pandemia de COVID-19, la prioridad debe ser la protección y seguridad de los excombatientes, de las comunidades afectadas por el conflicto, de los líderes sociales y de los defensores de los derechos humanos.
El estudio, que analiza el periodo del 26 de septiembre al 28 de diciembre de 2020, reconoce la reducción en los niveles de violencia, los avances en la justicia transicional, los adelantos en la reincorporación de excombatientes y la instrumentación de los programas de desarrollo con enfoque territorial; sin embargo, reitera que la seguridad sigue siendo el principal reto para la consolidación de la paz.
Recuperación del COVID-19 y Acuerdo de Paz
“Los avances en el proceso de reincorporación y en los programas de desarrollo con enfoque territorial deben ir acompañados de una implementación más vigorosa de otras partes del Acuerdo, en particular las orientadas a mejorar la seguridad en los territorios, requisito necesario para que se arraigue una paz firme y duradera”, señala Guterres.
Según el titular de la ONU, los esfuerzos de recuperación de la crisis sanitaria y económica deben incluir la implementación del Acuerdo de Paz, puesto que éste contempla los instrumentos que abren las oportunidades al desarrollo , la seguridad y la paz a las comunidades que sufrieron los peores efectos del conflicto y que ahora han sido afectadas por la pandemia.
Cinco puntos de atención urgente
Además de evaluar los progresos en el cumplimiento del Acuerdo, el informe sobre Colombia plantea cinco aspectos que deben atenderse sin dilación.
La seguridad y protección de excombatientes encabeza las prioridades toda vez que desde la firma del Acuerdo, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia ha dado fe de 248 asesinatos de ex integrantes de las FARC-EP, 73 de ellos en 2020. También recibió información sobre 42 asesinatos de líderes sociales y activistas de derechos humanos y trece masacres.
En los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, por ejemplo, los grupos disidentes de las FARC-EP han aprovechado la escasa presencia del Estado para ampliar sus operaciones, atacar a excombatientes y sabotear las iniciativas económicas, política y sociales de la zona.
La segunda prioridad delineada por el Secretario General son las medidas para asegurar que el proceso de reincorporación de excombatientes sea sostenible. Menciona la atención que se debe dar a los proyectos productivos mediante asistencia técnica y mayor acceso a los mercados, así como aumentando la participación de las mujeres excombatientes en los espacios de toma de decisiones.
En tercer lugar, el Secretario General aboga por la presencia integral del Estado como condición para una paz duradera y para el desarrollo sostenible. Para ello, hace falta consolidar esa presencia en las zonas afectadas por el conflicto.
El punto número cuatro es reforzar el diálogo constructivo entre las partes a través de los mecanismos estipulados en el Acuerdo, como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final, que constituye el principal foro de diálogo y que, de acuerdo con el informe, no se ha utilizado a toda su capacidad.
La quinta prioridad es fortalecer las condiciones para la reconciliación valiéndose del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; y del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. António Guterres recalca que es más importante que nunca “que todas las personas involucradas en el conflicto reconozcan sus responsabilidades” y que todas las instituciones cooperen plenamente con el sistema, además de que la sociedad colombiana en su conjunto apoye el sistema para lograr la reconciliación.
Primeras sanciones y verificación
El informe destaca que para mediados de año, la Jurisdicción Especial para la Paz dictará sus primeras sanciones por delitos cometidos durante el conflicto.
Refiere, asimismo, que el presidente del país, Iván Duque, solicitará al Consejo de Seguridad de la ONU que amplíe el mandato de la Misión de las Naciones Unidas de manera que incluya la verificación de las sanciones que imponga la Jurisdicción Especial.
“Ahora que el país entra en el quinto año de construcción de la paz en el marco del Acuerdo Final, felicito a los colombianos y las colombianas por los logros alcanzados en el proceso de paz hasta la fecha y aliento a las partes a perseverar para que el potencial transformador del Acuerdo se materialice plenamente”, concluye el Secretario General.
El jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, presentará el informe al Consejo de Seguridad el 21 de enero próximo.