La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que preside Víctor Manuel Villalobos Arámbula, trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Economía, y con los productores del país, para impulsar medidas encaminadas en la eliminación del uso de glifosato y del grano de maíz genéticamente modificado en la alimentación de los mexicanos.
Tras una reunión con representantes del sector productivo, se dieron a conocer dichas medidas, con las que se busca sustituir paulatinamente el uso de maíz amarillo genéticamente modificado, proveniente de las importaciones (que en los últimos años se han ubicado en alrededor de 16 millones de toneladas anuales) y que se destina prioritariamente a la alimentación animal.
En este sentido, como parte de la iniciativa público-privada “Maíz para México”, la. dependencia impulsará la producción de maíz amarillo en las entidades federativas que cuenten con este potencial productivo y estén vinculadas a los principales centros de consumo.
Es así que en la medida en que se avance en el incremento de volúmenes, se propiciará el abasto del sector pecuario con producción doméstica, reduciendo el nivel de las importaciones actuales.
Aunado a ello, se impulsará la reconversión productiva hacia granos forrajeros y oleaginosas con cultivos de ciclo corto y menor demanda de agua, principalmente en regiones con alto estrés hídrico.
Todo ello, con la finalidad de contribuir a la satisfacción de las necesidades de la industria pecuaria, cuyas tasas de crecimiento en México han estado en ascenso, con base en factores como la ubicación geográfica del país y el favorable estatus sanitario.
El decreto referido establece que a partir de su entrada en vigor la Administración Pública Federal debe abstenerse de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar el glifosato en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno.
Cabe aclarar que para ello, se mantendrá una estrecha coordinación entre dependencias federales y el sector agroalimentario para que gradualmente, se logre garantizar a las cadenas productivas el abasto que requieren de granos para mantener su dinamismo, cuyos resultados generan empleos e inversión en el medio rural, además de contribuir a la disponibilidad de alimentos.
