La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, presentó ante la Comisión Permanente su informe de actividades correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.
En la sesión, informó que el órganismo que preside “dedicó la mayor atención a los temas de violencia contra las mujeres, respaldo a las familias de los desaparecidos y el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa”.
En este sentido, puntualizó que en 2020, se solicitaron a diversas autoridades 228 medidas cautelares o precautorias, además de que se emitieron 103 recomendaciones, de las que ocho fueron por violaciones graves a derechos humanos.
La funcionaria dio a conocer que existen 550 recomendaciones pendientes de conclusión, la mayoría desde hace años; entre ellas, una de “la Guerra Sucia” que data del año 2000; una más de 2004 respecto de crímenes cometidos en el estado de Veracruz por controversias agrarias, y otra, un caso de desaparición forzada en el estado de Morelos, en el 2005.
Además, se emitieron recomendaciones para atender denuncias derivadas de la pandemia del Covid-19. A su vez, mencionó que ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el organismo presentó 113 demandas de acciones de inconstitucionalidad. “Estas cifras son históricas para la Comisión, pues en toda su historia no se habían impugnado tantas leyes ni se habían presentado tantas demandas”, destacó la ombudsman.
“Estos números también reflejan que la tarea legislativa no se está elaborando con el cuidado y la atención debida necesaria para la vulneración de los derechos humanos por lo que estamos implementando una reingeniería de la Secretaría Ejecutiva, a efecto de atender con más énfasis y cuidado esta realidad”, añadió.
Para el tema de la violencia contra las mujeres indicó que la CNDH ha apoyado la promoción de ampliación de los recursos del Anexo 13-Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres-, en especial para las casas refugio. “Ha sido claro que el reconocimiento de la violencia de género y la feminicida son realidades que ameritan soluciones urgentes y contundentes; se han emitido pronunciamientos y exhortos a diversas autoridades y se han emprendido diversas acciones”.
“Este es un buen momento para hacer un respetuoso llamado a las autoridades hacendarias para que a la brevedad se emitan los lineamientos que garanticen la continuidad de los recursos de apoyo a defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, además de la urgente atención que reclaman las víctimas, la mayoría de las cuales son mujeres y familiares de desaparecidos”, agregó.
En tanto, en materia de desapariciones, reconoció la existencia de una debilidad institucional heredada; “por tal motivo, este organismo nacional reconoce los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil y personas que con su lucha permanente han logrado que el tema de las desapariciones formen parte de la agenda nacional y que las voces de la sociedad se concreten en exigencias al Estado mexicano para esclarecer sus casos y frenar la violencia que se presenta en varias regiones del país”.
La titular de la CNDH informó que se llevaron a cabo mil 578 diligencias en diferentes entidades, entre ellas 515 seguimientos a casos registrados en el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no identificadas, 229 asesorías jurídicas y 58 consultas de investigaciones ministeriales.
Mientras que en torno al tema de los 43 normalistas de Ayotzinapa, explicó que se tomó la decisión de desaparecer la oficina especial del caso Iguala, por demanda expresa de las madres y de los padres de los estudiantes desaparecidos. “Eran evidentes las deficiencias no sólo en el seguimiento de la recomendación emitida en 2019, sino en la formulación misma de la investigación que siguió la queja”, aclaró.
“Nuestro mensaje a los familiares de los 43 desaparecidos es que estamos con ellos en esta lucha que es de toda la sociedad. Queremos caminar a su lado y no descansaremos hasta alcanzar la verdad y la justicia”, añadió.
Por otro lado, puntualizó, que se ha buscado el respeto de los derechos fundamentales en el sistema penitenciario, por lo que se implementó una estrategia en los Centros Federales de Readaptación Social y se emprendieron diversas acciones para la atención de la emergencia sanitaria por el Covid-19.
“Hemos hecho un esfuerzo sin precedentes para cuidar el gasto y evitar dispendios del presupuesto original, por un millón 874.2 millones; en 2020 se gastaron 157.3 millones de pesos menos”, enfatizó la ombudsman.