La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, solicitó a representantes de las 32 entidades el uso eficiente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad (FASP) 2021, a fin de priorizar la atención a los 15 municipios más afectados por la delincuencia.
Durante la reunión anual con personal directivo de distintas áreas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), del gobierno federal y secretarios ejecutivos de los Consejos Estatales de Seguridad, hizo un llamado a los estados para que la aplicación de los recursos de dicho fondo se ajuste a los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como a los programas de prioridad nacional.
La servidora pública pidió poner especial énfasis en el equipamiento de las instituciones de seguridad pública, con el propósito de que cuenten con instrumentos de trabajo dignos para el desempeño de su labor, como patrullas, motocicletas, uniformes y unidades de medidas cautelares.
Dijo que se debe dar continuidad a estrategias de prevención del delito como justicia cívica y Mujeres Constructoras de Paz, así como fortalecer la inversión en el Subprograma de Ciencia Forense y el de Búsqueda de Personas.
También, agregó, se requieren equipos lectores de biométricos y otros instrumentos para la identificación de infractores en cada uno de los juzgados cívicos y centros de detención municipales.
Mencionó que el FASP es el presupuesto previsto en la Ley de Coordinación Fiscal que permite la trasferencia de recursos federales a las entidades federativas para cumplir las estrategias nacionales en materia de construcción de paz y seguridad.
Para 2021 obtuvo un aumento de 3.38 por ciento respecto al año anterior, con lo cual se tienen recursos por 7 mil 687 millones 920 mil 712 pesos.
Explicó que se requiere la adecuada coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y señaló que una de las prioridades de la secretaría a su cargo es el desarrollo del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, pero para lograr su plena instrumentación “necesitamos impulsar la coordinación entre todos los órdenes de gobierno, el municipal, el estatal y, por supuesto, que pueden contar siempre con nuestra colaboración”.
Destacó la necesidad de que policías estatales y municipales realicen el registro de denuncias y se coordinen con las fiscalías en la investigación de los delitos para conseguir la reducción de la cifra negra e impunidad.
“Las policías por sus labores de proximidad conocen mejor a la comunidad y la información que tienen es de gran valor para la atención de víctimas de delitos, haciendo hincapié en la atención a las mujeres y niñas víctimas de las violencias”.
En la reunión estuvieron presentes el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño, así como los titulares de las Mesas de Paz, Arturo Medina; del Centro Nacional de Información, David Pérez Esparza; del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Luis R. García López Guerrero, y de la Coordinación Nacional Antisecuestro, Víctor Hugo Enríquez García; además del secretario ejecutivo de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, Raymundo Huerta Beltrán; y el coordinador general de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, David Zepeda Jones, entre otros.