El Congreso de la CDMX aprobó la Ley Ingrid, que implica una serie de modificaciones al Código Penal, con el fin de tipificar el delito de distribución y reproducción indebida de contenidos multimedia pertenecientes a investigaciones relacionadas con delitos y sancionar a la persona servidora pública que lo cometa.
El dictamen fue aprobado por unanimidad con 58 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La Ley Ingrid implica reformas en el artículo 239 del Código Penal de la Ciudad de México y entrará en vigor una vez que los cambios sean publicados en el Diario Oficial de la capital.
“Con el objeto de tipificar y sancionar a las personas servidoras públicas por la indebida distribución de imágenes fotográficas o video de investigaciones vinculadas con hechos delictivos, el pleno aprueba las modificaciones al Art. 293 del Código Penal local”. Indicó el Congreso capitalino en su cuenta de Twitter.
#SesiónVirtual | Con el objeto de tipificar y sancionar a las personas servidoras públicas por la indebida distribución de imágenes fotográficas o video de investigaciones vinculadas con hechos delictivos, el pleno aprueba las modificaciones al Art. 293 del Código Penal local. pic.twitter.com/FGM6lyAQsf
— Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) February 23, 2021
Estas modificaciones sancionan a toda persona servidora pública que, de manera indebida, “difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, audiograbe, videograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta fotos, videos, audios o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo”.
Las penas irán de dos a seis años de prisión y penas monetarias de hasta 1,000 UMA (la UMA —la sigla de unidad de medida y actualización— es una referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en leyes y disposiciones jurídicas. Para 2021, la UMA está consignada en 89.62 pesos diarios, 2,724.45 pesos mensuales o 32,693.40 pesos anuales).
Las sanciones pueden aumentar hasta en una tercera parte si la filtración de la información se hizo con la intención de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares; cuando las imágenes muestren cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, o cuando estén relacionadas con las circunstancias de la muerte, las lesiones o el estado de salud de la o las víctimas.
Este proyecto de ley surge después de los acontecimientos en redes sociales relacionados con el feminicidio de Ingrid Escamilla, quien después de ser asesinada por su pareja en la alcaldía Gustavo A. Madero, fue víctima de procesos digitales de revictimización y exposición pública.
Agentes de la Fiscalía local filtraron imágenes del cuerpo intervenido y violentado de Ingrid Escamilla, que se viralizaron y difundieron de manera masiva en redes sociales. Algunos medios de comunicación incluso utilizaron estos contenidos.
A partir de este fenómeno, activistas, familiares y organizaciones solicitaron intervención de los agentes correspondientes para la eliminación de estos contenidos y sanción a las personas servidoras públicas que compartieron este contenido.
La iniciativa de la Ley Ingrid, en memoria de la víctima de feminicidio, fue presentada en febrero del 2020 ante el Congreso de la Ciudad de México y también fue recientemente aprobada en el estado de Oaxaca.