La Cámara de Diputados emitió el proyecto de declaratoria de aprobación a la minuta por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Carta Magna, relativas al Poder Judicial con el que se refuerzan las instituciones judiciales para mejorar la impartición de justicia, combatir la corrupción y el nepotismo, fortalecer la carrera judicial y mejorar los servicios de defensoría pública, en beneficio de una sociedad más justa.
La reforma fue avalada con 18 votos aprobatorios de las legislaturas de Campeche, Chiapas, Coahuila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y de la Ciudad de México; así como un voto no aprobatorio del congreso de Guanajuato.
Al dar cuenta de la recepción la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho, señaló que una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas, se emite el siguiente proyecto de declaratoria:
“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislatura de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política, relativas al Poder Judicial de la Federación. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales”.
En este sentido, con el aval de la reforma se consolida la carrera judicial para todas las categorías, a las que se accederá por concurso de oposición, limita la discrecionalidad de los nombramientos otorgados por jueces y magistrados, y establece políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal sobre adscripciones, readscripciones, reincorporaciones y ratificación de juzgadores.
Además, refuerza las facultades institucionales del combate a la corrupción y al nepotismo, impulsa la capacitación y la profesionalización del personal de la Escuela Judicial, fortalece al Instituto Federal de Defensoría Pública al cambiar su denominación por Escuela de Formación Judicial, con el objeto de implementar procesos de formación, capacitación y actualización del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares.
Asimismo, impulsa el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional, permitiendo que enfoque sus energías únicamente en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional, establece Plenos Regionales, en sustitución a los Plenos de Circuito, y la transformación de los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de Apelación.