El expresidente peruano Alberto Fujimori y sus exministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, forzaron la esterilización de mujeres andinas para “reducir la pobreza”, denunció la Fiscalía este lunes durante la sustentación de la causa por la que se lleva a juicio al exmandatario.
Fruto del programa irregular de esterilizaciones impulsado por el expresidente durante su segundo mandato (1995-2000), murieron 18 mujeres, de ellas cinco por lesiones graves directamente causadas por la intervención quirúrgica, que además también dejó secuelas físicas en otras mil 300.
El fiscal Pablo Espinoza, representante de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial, presentó la argumentación de los cargos contra el exmandatario, sus exministros y otros tres exfuncionarios de salud, en el inicio de una audiencia virtual dirigida por el magistrado Rafael Martínez.
Se trata de uno de los casos más emblemáticos de presunta violación a los derechos humanos que ha esperado más de 20 años para su proceso, después que otra denuncia previa fuese desestimada.
El expresidente, que ya cumple una condena de 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos, estuvo representado por su abogado César Nakazaki, pues decidió no estar presente en la audiencia, dado que sostiene que no puede ser procesado por este caso porque no estuvo incluido en su expediente cuando fue extraditado de Chile.
Fujimori, Yong, Costa, Aguinaga y el exdirector de salud Ulises Aguilar fueron denunciados como presuntos autores de delitos contra el cuerpo, la vida y la salud, en la modalidad de lesiones graves seguidas de muerte, en el caso de cinco mujeres, así como de lesiones graves para otras mil 300.
Las víctimas, campesinas pobres y quechua hablantes en su mayoría, fallecieron a consecuencia de las complicaciones en las ligaduras de trompas a las que fueron sometidas en condiciones ajenas a la rigurosidad médica, sin preparación previa, ni seguimiento a las cirugías practicadas.
Entre los denunciados también figuran los exfuncionarios del sistema de salud en la región Cajamarca, Segundo Aliaga y Magda González, a raíz de la muerte de Mamérita Mestanza, una de las víctimas, que falleció a los 19 años en 1998.
Esta práctica escala a terrenos internacionales
En septiembre del año pasado, México investigó un centro de detención migratorio de Estados Unidos por posibles casos de esterilización forzada sin el consentimiento de las detenidas, así lo informó en ese momento la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En un comunicado, la SRE señaló que el Gobierno de México “ha dado puntual seguimiento a las denuncias de malas prácticas médicas particularmente sobre la realización de presuntas histerectomías llevadas a cabo sin consentimiento en el centro de detención migratorio del condado de Irwin, Georgia”.
La SRE recordó que el citado centro se encuentra bajo la responsabilidad de la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
El escándalo se destapó luego de que varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Project South y Government Accountability Project, presentaran en esos días una queja ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para denunciar una serie de prácticas peligrosas que ocurren en la prisión de Irwin.
Fue entonces que más de 170 miembros de la Cámara de Representantes propusieron una resolución que condena los procedimientos médicos innecesarios y sin consentimiento, incluidas las histerectomías en los centros de detención migratoria donde el Gobierno mantiene a más de 20 mil personas.
La esterilización forzada consiste en la imposición de un método anticonceptivo definitivo, sin tomar en cuenta (o contraviniendo) la voluntad de la persona. Esta práctica afecta principalmente a las mujeres, ya que se presenta en escenarios donde el personal de salud recaba el consentimiento informado en el que se acepta un método anticonceptivo cuando ellas se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad antes, durante o después del parto.
En ocasiones, el consentimiento informado es recabado con violencia, a través de intimidaciones, regaños, humillaciones, e incluso se llega a condicionar la atención médica a las mujeres para que lo firmen. Todos estos tratos y actitudes no quedan registrados en el expediente clínico de la usuaria, solo permanece el consentimiento informado firmado por la mujer y, quizás, alguna inconsistencia en las notas médicas.
En este sentido, la Norma Oficial Mexicana NOM 005-SSA2-1993 de los Servicios de Planificación Familiar señala que el consentimiento informado consiste en la decisión voluntaria del aceptante para que se le realice/aplique un método anticonceptivo, con pleno conocimiento y comprensión de la información pertinente sin presiones.
Asimismo, señala que previo a la obtención del consentimiento debe proporcionarse una consejería en planificación familiar en la que se le proporcione toda la información que necesite la usuaria sobre los métodos anticonceptivos, así como sus ventajas y contradicciones. La consejería no deberá brindarse cuando las mujeres se encuentren en situaciones de crisis.