La fiscal de la Corte Penal Internacional ha anunciado que su oficina abrirá una investigación formal sobre los crímenes de guerra en Palestina que examinará a ambas partes del conflicto.
La decisión se produce después de que la corte decidió el 5 de febrero que tiene jurisdicción sobre la situación en Palestina y ésta se extiende a Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental.
En un comunicado en el que detalla que la investigación abarcará delitos presuntamente cometidos desde el 13 de junio de 2014, Fatou Bensouda asegura, que esta “se llevará a cabo de forma independiente, imparcial y objetiva, sin miedos ni favores”.
“La decisión de abrir una investigación se ha tomado después de un examen preliminar meticuloso por parte de mi oficina que duró casi cinco años”, explica Bensouda según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Las pesquisas abarcarán supuestos crímenes de guerra cometidos tanto por las Fuerzas Armadas Israelíes como por grupos armados palestinos, en ambos casos por ataques contra la población civil.
La fiscal pidió “tanto a las víctimas palestinas como israelíes y a las comunidades afectadas” que tengan “paciencia”, porque la Corte Penal Internacional no es “la panacea”, pero busca “promover la rendición de cuentas” para lo que “centra su atención en los presuntos infractores más notorios”.
Tambien advirtió que “las investigaciones toman tiempo y deben basarse objetivamente en hechos y leyes”. Por ese motivo, indicó que, en el desempeño de sus responsabilidades, su Oficina adoptará “el mismo enfoque de principios, no partidista, que ha adoptado en todas las situaciones en las que se ejerce su jurisdicción”.
La principal preocupación son las víctimas
Y añadió: “no tenemos otra agenda que la de cumplir con nuestros deberes estatutarios en virtud del Estatuto de Roma con integridad profesional. Recuerdo aquí, a modo de ejemplo, las denuncias realizadas sobre la conducta de las Fuerzas de Defensa de Israel en el caso del Mavi Marmara, donde, como Fiscal, me negué a iniciar una investigación sobre la base de que no había una base razonable para proceder siguiendo nuestra evaluación clínica de los criterios del Estatuto de Roma”.
Sin embargo, explicó que, “en la situación actual hay una base razonable para proceder y hay casos potenciales admisibles. Nuestra evaluación seguirá en curso en el contexto de la investigación para permitir una evaluación continua de las acciones que se están tomando a nivel nacional de conformidad con el principio de complementariedad”.
“Al final, nuestra principal preocupación debe ser por las víctimas de los crímenes, tanto palestinos como israelíes, derivados del largo ciclo de violencia e inseguridad que ha causado un profundo sufrimiento y desesperación en todas las partes”, reflexionó la fiscal.
También señaló que su Oficina es consciente de la preocupación más amplia existente por la paz y la seguridad internacionales, pero indicó que precisamente, mediante la creación de la Corte Penal Internacional, los Estados Parte reconocieron que los crímenes atroces son “una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar del mundo”, y resolvieron “garantizar el respeto duradero y la aplicación de la justicia internacional”.
Según Bensouda, la búsqueda de la paz y la justicia debe considerarse como imperativos que se refuerzan mutuamente.
Desafíos operativos de la investigación
“La forma en que la Oficina establecerá las prioridades con respecto a la investigación se determinará a su debido tiempo, a la luz de los desafíos operativos que enfrentamos debido a la pandemia, los recursos limitados que tenemos disponibles para nosotros y nuestra gran carga de trabajo actual. Sin embargo, estos retos, por más abrumadores y complejos que sean, no pueden desviarnos de cumplir en última instancia con las responsabilidades que el Estatuto de Roma asigna a la Oficina”, explica Bensouda.