Con la finalidad de que el sector privado garantice una vida digna y protección a las personas de la tercera edad, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, el dictamen que reforma el artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Con 444 votos a favor, los diputados aprobaron el documento que también establece que las personas adultas mayores deberán gozar de las prestaciones de ley que ofrece la Ley Federal del Trabajo en sus respectivos empleos, y se les reconozcan sus roles laborales.
Además, la iniciativa privada tendrá la obligación de garantizarles el acceso a los programas que tengan por objeto posibilitar el ejercicio del derecho, lo cual resulta loable para constreñir y ligar laboralmente al sector privado con la población adulta mayor.
Durante su fundamentación, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, presidida por la diputada priísta, María Ester Alonzo Morales mencionó que la seguridad de los adultos mayores debe convertirse en una prioridad.
En ese sentido, recordó que en México, la edad de retiro laboral está regida por disposiciones legales, que oscila entre los 60 y 65 años; sin embargo, al llegar a estas edades, hay quienes continúan trabajando como resultado de un deseo personal o bien de la necesidad económica ante la falta de una jubilación o pensión.
“Se estima que en el país hay más de 15 millones de adultos mayores y el 41 por ciento son económicamente activos; de los cuales, sólo 3.8 por ciento se emplea en sectores de la economía formal y un 96.2 por ciento carece de seguridad social por estar empleado en la informalidad”, explicó.
Aseguró que actualmente, la mayor parte de las personas con 60 años o más, no gozan de prestaciones laborales, lo que los coloca en un escenario de desprotección total. “De no atenderse, habrá serias consecuencias para esta población y augura una nación con altos índices de adultos mayores en situación de pobreza”, indicó.
Además, se plasma que las prestaciones de ley deben ser parte de las remuneraciones de los adultos mayores y que el Estado está obligado a ejercer políticas para que esta población reciba las prestaciones como trabajadores.
Por su parte, de Morena, Socorro Irma Andazola Gómez mencionó que el objetivo es coordinar esfuerzos entre el sector público y privado para garantizar a las personas adultas mayores la protección de su integridad y dignidad, así como el acceso a una vida con calidad. “Con ello, se afianza el acceso a un empleo digno, remunerado y, sobre todo, con las prestaciones que establece la ley en la materia, permitiendo que las y los adultos mayores se desarrollen en los distintos roles laborales”, destacó.
Además, la reforma que responde a una de las mayores problemáticas a las que se enfrentan, como es el acceso restringido al trabajo y a una vida digna, ya fue turnada ante el Senado de la República para sus efectos constitucionales.