Al asistir de manera virtual al encuentro con colectivos de familiares de víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia (Guerra Sucia) de 1960 a 1990, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, ante más de 20 colectivos asumió en nombre del Estado mexicano el compromiso de garantizar la información a los archivos públicos, el acceso a instalaciones que fueron utilizadas para la desaparición y la tortura, y poner énfasis en la identificación de los culpables, de los perpetradores que están en vida.
Luego de escuchar el posicionamiento de cada uno de los colectivos y sobrevivientes, Alejandro Encinas Rodríguez destacó que, a diferencia de administraciones anteriores, desde el primer día de este gobierno se asumió la responsabilidad del Estado sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron, no solamente durante la Guerra Sucia, sino la que se encara hoy como parte de una crisis humanitaria.
“Desde que estamos en la oposición defendimos estas causas y estas demandas; hoy somos parte del Gobierno de la República, es nuestra responsabilidad encarar estos hechos y no vamos a eludir la responsabilidad para avanzar en su esclarecimiento y que haya justicia”, refrendó.
Para ello –dijo– no se escatiman los recursos y propuso que sean fiscalizados por los propios colectivos. Asimismo, resaltó que se involucrará a todas las instituciones de la Administración Pública Federal (APF), estados y municipios para avanzar en la atención de las demandas expuestas
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración se comprometió a solicitar audiencia con el presidente de México, a fin de presentar una agenda de trabajo, por lo que llamó a establecer mesas con los ahí presentes en los siguientes temas:
En las instalaciones del Archivo General de la Nación (AGN), la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna, manifestó que desde que inició su gestión, una de las prioridades fue crear la unidad encargada para el seguimiento a casos de desapariciones forzadas durante el periodo conocido como Guerra Sucia.
Explicó que actualmente se cuenta con el registro de 976 personas desaparecidas en dicho periodo, mismos que fueron integrados por la CNB a dicho registro en esta administración.
Añadió que se trabaja estrechamente con colectivos de personas desaparecidas en este periodo. Igualmente, se trabaja en la plataforma Angelus en coordinación con el Centro de Investigación en Matemáticas (Cimat) y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt), la cual concentrará y analizará los diferentes documentos de dicho periodo histórico.
Por su parte, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos manifestó la disposición a sumarse a todas las instituciones para construir acciones articuladas y consolidar una política nacional que dé respuesta eficaz para temas de víctimas.
Asimismo, el titular de la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, Félix Santana Ángeles, anunció que las mesas de trabajo con los colectivos y funcionarios se llevarán a cabo el 14 de abril.
En su intervención, la directora de Gestión, Acceso y Difusión del Patrimonio Documental del AGN, Marlene Pérez García –en representación del director general de dicha institución, Carlos Enrique Ruiz Abreu–, recapituló los trabajos con los que han contribuido en el marco de la política de memoria, verdad y justicia al atender los requerimientos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación.
Por lo cual se hizo una búsqueda documental relacionada con 69 personas, en el periodo comprendido entre agosto 2019 y enero de 2021, de lo que resultó la entrega de 3 mil 905 certificaciones y la generación de 71 expedientes, búsqueda que se realizó en cerca de 13 mil documentos y más de 2 mil 700 fichas.