Este jueves, a fin de actualizar el marco vigente conforme a los criterios del derecho internacional de los derechos humanos en la materia,el Pleno Legislativo de San Lázaro aprobó por consenso, en lo general y en lo particular reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y a la Protección al Ambiente.
En la Sala de Plenos, el diputado morenista, Daniel Gutiérrez propuso una modificación al artículo 157, para que se establezca que “el Gobierno Federal deberá promover la participación corresponsable, abierta, inclusiva de la sociedad y con perspectiva de género, en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales”.
El dictamen que se avaló en lo general con 455 votos y en lo particular por 453 votos, fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, y puntualiza que las autoridades en el ámbito de sus competencias garantizarán la participación social de las comunidades indígenas y afromexicanas, de personas o grupos en situación de vulnerabilidad, así como de quienes pudieran resultar directamente o indirectamente afectados, para involucrarlos de manera activa, oportuna y efectiva en los mecanismos de participación social.
Además, señala que las autoridades garantizarán el acceso a la información ambiental, estableciendo procedimientos de atención y asistencia desde la formulación de solicitudes hasta la entrega de la información, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, comunidades indígenas y afromexicanas.
A su vez, agrega que las autoridades no entregarán la información que se solicite cuando se encuentre clasificada como reservada o confidencial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Durante su argumentación, de Morena, el diputado José Ricardo Delsol Estrada afirmó que el derecho humano a un medio ambiente sano requiere de una nueva conceptualización a la luz de la democracia, que le permita vincular los instrumentos del derecho ambiental con las figuras de la participación ciudadana y acceso a la información para aspirar a la sustentabilidad y protección de los derechos de las personas.
Añadió que el dictamen está alineado a los objetivos plasmados en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información y la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado y firmado por México. “De aprobarse esta reforma se estará dotando a la legislación ambiental de una fórmula eficaz que promueva y garantice de forma oportuna el derecho de las personas a un ambiente sano, el acceso a la información y a la participación pública”, indicó.