Con el propósito de adaptar las condiciones necesarias para garantizar el acceso de las personas adultas mayores que intervengan en procedimientos penales, cuando así lo requieran, el Pleno de la Cámara de Diputados, avaló por consenso reformas a los artículos 109 y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Con 456 votos a favor, el dictamen fue remitido ante el Pleno del Senado para sus efectos constitucionales, el cual prevé “establecer que, dentro de los derechos de la víctima, ofendido o imputado, se adaptarán las condiciones que sean necesarias para garantizar el acceso de las personas adultas mayores, cuando así lo requieran, en caso de procedimiento penal, salvaguardando sus derechos”.
De la bancada del PAN, la diputada María del Pilar Ortega Martínez, señaló que la población de adultos mayores asciende a más de 13 millones de mexicanas y mexicanos, misma que aumentará considerablemente en los subsecuentes años, debido a las dinámicas demográficas actuales, por lo que indicó que las reformas tienen por objetivo garantizar las medidas para el debido acceso a la justicia de las personas adultas mayores, pues de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el cambio en el porcentaje de esta población pasó del 6.2 por ciento en 1990 a 10.5 por ciento en 2017.
“Las instituciones públicas, necesitan prepararse para tomar medidas encaminadas a garantizar que las personas adultas mayores tengan acceso a los diversos servicios gubernamentales en igualdad de condiciones que cualquier otra persona”, resaltó la diputada al tiempo en el que mencionó que el ámbito de la procuración y la impartición de justicia no pueden ser la excepción.
Relató que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha manifestado para tomar consideraciones especiales cuando una persona adulta mayor esté en un proceso penal, ya sea como víctima, ofendido o imputado. Es así que con los cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales, se garantizan los derechos de las personas adultas mayores que participen en el proceso penal como víctimas, ofendidos o imputados, y con ello, garantizar su adecuado acceso a la justicia.
Por su parte, el promovente de la reforma, morenista Jorge Luis Montes Nieves, expresó que el objetivo es generar mejores condiciones dentro de un proceso penal cuando concurra en él una persona de la tercera edad y garantizar su pleno acceso a la justicia.
“Las personas adultas mayores se enfrentan al abandono y maltrato, así como a graves problemas para acceder plenamente a sus derechos humanos. De acuerdo con el INEGI, el 8.2 por ciento de la población tiene 65 años o más y el 49.9 por ciento de las personas con discapacidad son adultas mayores. Además, sufren de discriminación estructural, lo que dificulta su acceso a la justicia”, precisó.