El Congreso de Tamaulipas derogó el pasado miércoles el acuerdo que aprobó el 2 de marzo para establecer las reglas de procedimiento de desafuero del gobernador de Tamaulipas, que la Cámara de Diputados Federal, interpretó como un intento para “blindar” a Francisco García Cabeza de Vaca, tras el proceso de desafuero solicitado por la Fiscalía General de la República.
Esta derogación se da después de la controversia constitucional que la Cámara de Diputados interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el acuerdo que aprobó el Congreso tamaulipeco con el que se dijo buscaba proteger al gobernador.
La FGR acusa a Cabeza de Vaca de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
“El Congreso local deja sin efectos las reglas para la declaración de procedencia de desafuero en contra de los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en ese sentido, la idea de la abrogación es eliminar totalmente las posibles confusiones y anular una atmósfera de enrarecimiento sobre el tema de desafuero”, señala el congreso de dicha entidad en un comunicado.
Félix García Aguiar, diputado local del PAN quien presentó la iniciativa el 2 de marzo, explicó en la sesión ordinaria, que los mencionados acuerdos no eran un intento de blindaje institucional, sino el cumplimiento de sus obligaciones como legisladores.
García Aguiar solicitó poner a consideración del pleno el dejar sin efectos los acuerdos y así colaborar en eliminar falsas interpretaciones sobre un supuesto blindaje a García Cabeza de Vaca.
La controversia de la Cámara de Diputados también impugnó los efectos y consecuencias jurídicas que deriven de la aplicación del acuerdo del Congreso del Estado, tras acusar que invaden atribuciones exclusivas del Congreso de la Unión en torno al procedimiento de declaración de procedencia.
Dicha controversia indica que se violentan diferentes disposiciones de la Constitución federal, tras vulnerar la facultad exclusiva de la Cámara para declarar la procedencia en contra de servidores públicos de las entidades federativas por delitos federales.