La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, llama a las autoridades de procuración e impartición de justicia del estado de Quintana Roo a garantizar acceso a la justicia a favor de las personas víctimas por los hechos del pasado 9 de noviembre de 2020.
En dicha fecha, durante una protesta en demanda de justicia por el feminicidio de la joven Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, desarrollada en las inmediaciones del palacio municipal de Benito Juárez, en esa entidad, elementos de la policía municipal accionaron sus armas de fuego para disolver la manifestación, de forma injustificada y contraria a las normas nacionales e internacionales en la materia.
Debido a ello, resultaron heridas por arma de fuego tres personas (dos mujeres y un hombre), una manifestante y dos periodistas.
De manera que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo emitió la Recomendación 20/2020 que determinó la existencia de diversas violaciones de derechos humanos, incluidas a los derechos de reunión o manifestación, libertad y seguridad personales y libertad de expresión, así como la existencia de tratos crueles o degradantes.
Asimismo, derivado de estos acontecimientos, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo inició las investigaciones correspondientes.
El 29 de abril del 2021 se tuvo conocimiento de la emisión de un auto por parte de la autoridad judicial que conoce del caso, en el que se señala que no fue posible ubicar a diversas personas imputadas, las cuales son acusadas por los delitos de lesiones culposas y dolosas, así como delitos contra los principios del sistema penal acusatorio y abuso de autoridad, en perjuicio de diversas personas, tanto manifestantes como periodistas.
En consideración a lo anterior y advirtiendo la naturaleza de los hechos, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración llama a las autoridades de procuración e impartición de justicia de dicha entidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, desplieguen las acciones necesarias para garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas por lo sucedido el 9 de noviembre de 2020, en el municipio de Benito Juárez, y evitar impunidad.
En este sentido, se refrenda que el acceso efectivo a la justicia es uno de elementos centrales para garantizar que hechos tan lamentables no vuelvan a suceder.