Con el objetivo de salvaguardar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir una vida libre de violencia, representantes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) se reunieron con dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), grupo de autodefensas en la sierra del estado de Guerrero, que habría incorporado a menores de edad a la policía comunitaria.
La delegación integrada por personal de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), que depende del DIF Nacional, ha emitido medidas de protección a favor de los derechos, de este sector vulnerable, a vivir una vida libre de violencia, a la integridad, la seguridad, a una infancia feliz y a desarrollar actividades relacionadas con la niñez.
Acompañados por representantes de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Guerrero, solicitaron a los dirigentes comunitarios colaborar con las autoridades de los tres niveles de gobierno para generar y coordinar las acciones que garanticen de manera efectiva el Interés Superior de la Niñez, así como proteger y, en su caso, restituir los derechos de quienes enfrenten una situación de vulnerabilidad.
El encuentro, en el que participaron equipos interdisciplinarios de ambas dependencias, se llevó a cabo el miércoles 19 de mayo, en el municipio de Alcozacán, Guerrero y en él, las y los servidores públicos federales y estatales pudieron conocer de manera directa la situación en la que viven niñas, niños y adolescentes de la región.
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De las observaciones realizadas, concluyeron que ellas y ellos son vulnerados en su derecho a una vida libre de violencia y los derechos interdependientes que de esta situación se pudieran desprender.
El 13 de abril del año en curso, se dio a conocer a través de medios de información, que 31 niños de seis a 11 años se habrían integrado a la policía rural de la CRAC-PF, en Ayahualtenpa, municipio de José Joaquín de Herrera, en la Montaña Baja, para defenderse de los grupos criminales que azotan la región.
En este sentido y con el fin de estar en posibilidades de brindar protección a este sector vulnerable, se acordó que las Procuradurías de Protección federal y local vincularán a las instituciones correspondientes de los tres órdenes de gobierno a efecto de que realicen las gestiones necesarias para que se garantice la seguridad de niñas, niños y adolescentes.