La Reforma Indígena es la base para el reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público y para hacer eficaz su libre determinación y autonomía, coincidieron autoridades y representantes comunitarios de Guerrero y Baja California Sur, al manifestar su respaldo a la iniciativa de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.
Con la participación de dos mil 519 autoridades municipales y agrarias, representantes populares y servidores públicos del Gobierno de México, se desarrollaron Asambleas Regionales de Seguimiento en Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Tlapa de Comonfort y Ometepec, estado de Guerrero; así como en La Paz, Baja California Sur.
Diputadas y diputados federales y locales, electos y en funciones por diversos distritos, manifestaron su respaldo a la iniciativa de reforma y se comprometieron a impulsarla desde la legislatura local y en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Elevar los derechos colectivos de los pueblos a rango constitucional
En Ayutla de los Libres, el Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, destacó el paso tan importante que dio este municipio que hoy elige a sus autoridades por ‘Usos y Costumbres’, mediante la Asamblea General Comunitaria, en donde se expresa la voluntad del pueblo.
Ante los representantes del Consejo General Comunitario de este municipio histórico, Longino Julio Hernández Campos, Patricia Ramírez Bazán y Raymundo Nava Ventura, destacó el esfuerzo que se ha hecho para reconocer la libre determinación y autonomía, como está consagrado en el derecho internacional.
“Queremos llevar este ejemplo de transformación a lo largo y ancho del territorio nacional, para que los derechos colectivos de nuestros pueblos y comunidades indígenas sean una realidad en la Constitución”.
En esta sede, destacó la participación del Gobernador de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores, quien instaló la Asamblea de Seguimiento. En su intervención enfatizó el régimen de usos y costumbres, como es el caso de Ayutla, y señaló la necesidad de integrar en la ley mecanismos para que las autoridades indígenas cuenten con mayores facultades.
“Esta es una gran oportunidad, hoy en todo el país se escucha la voz de los pueblos indígenas y afromexicano”, afirmó.
Asimismo, subrayó la importancia de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres indígenas y propuso que se establezca mayor inversión para pueblos y comunidades en materia de desarrollo social.
A nombre del Consejo General Comunitario de Ayutla de los Libres, la coordinadora de la zona mestiza, Patricia Guadalupe Ramírez Bazán, señaló que este municipio ha sido punta de lanza y con su participación se han ganado diversas luchas históricas.
“Hoy se hace una contribución para que las personas gocen de los derechos que nos han sido negados; debemos apoyar la reforma por nuestros hijos, padres, abuelos y por toda la gente que ha luchado”.
En este representativo lugar, reconoció que hay mucho interés en el cambio y la reforma, y agregó “Ayutla ha liberado no solo a su pueblo, sino a todo el país”.
Reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano
En la asamblea realizada en Chilpancingo, el Antropólogo Comunitario y miembro del Comité Técnico de Expertos de la Reforma, Marcos Matías Alonso, recordó que en los últimos 15 años México ha firmado diversos tratados internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana, cuyos contenidos, junto con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se deben armonizar en las leyes de los países firmantes.
Refirió que la propuesta de reforma contempla 15 artículos, y que por primera vez en la Constitución Política se está planteando el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y afromexicano como sujetos de derecho público con plena personalidad jurídica.
Mencionó que otro artículo de gran importancia es el de los Sistemas Normativos Indígenas, por lo que la iniciativa cuenta con una propuesta de vanguardia relativa a los sistemas de gobierno indígenas, policías comunitarias, seguridad, justicia y otros.
“El artículo 27 se ha considerado intocable desde que fue modificado en el sexenio de Salinas de Gortari, donde se mercantilizó la tierra, los territorios, agua y recursos naturales. Ahora se está planteando cambiar ese enfoque y aplicar lo establecido en el convenio 169 de la OIT, que sean reconocidos los territorios indígenas como un hábitat de todo lo que existe en su jurisdicción”.
En tanto el diputado federal por el distrito de Ayutla, Rubén Cayetano García, en la mesa de Chilpancingo, consideró que el proyecto de iniciativa requiere de todo el respaldo de las comunidades para llegar al proceso legislativo.
Defendió la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano a rango constitucional, para que los presupuestos se destinen de forma equitativa a las comunidades que han permanecido excluidas de las leyes y nunca han recibido recursos públicos de manera directa, como se plantea a partir de este gobierno.
“Tenemos que lograr una reforma constitucional emanada legítimamente de los foros de consulta que se hicieron por todo el país”, afirmó, y dijo que esta propuesta se puede nutrir con el respaldo de las firmas de los representantes, pueblos y comunidades para alcanzar el carácter de iniciativa popular preferente.
En esta sede, Maricruz Nicolás Morales, miembro de la Comisión de Seguimiento, pidió el respaldo de la asamblea para impulsar la reforma, en especial el apartado referente a derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, para que nunca más sean un sector vulnerable de la población.
“Las mujeres indígenas y afromexicanas ya no queremos ser más un sector vulnerable, como todos nos llaman; queremos que nuestra Constitución nos garantice las condiciones de igualdad en el ejercicio de todos nuestros derechos, es por eso que hoy hago un llamado hermanas y hermanos, para que defendamos y legitimicemos esta reforma”.
Del mismo modo, en Tlapa de Comonfort, la diputada Érika Valencia Cardona, integrante de la Comisión de Género y Asuntos Indígenas del Congreso Guerrerense, aseguró que confía en la voluntad de las y los diputados de las próximas legislaturas local y federal para aprobar la reforma.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos de La Montaña Tlachinollan, expresó que es fundamental comunicar e impulsar la iniciativa, para poder hacer efectivos los derechos de las comunidades indígenas y dejar atrás la discriminación y el racismo que han sufrido durante tanto tiempo.
Asimismo, en Ometepec, representantes del pueblo afromexicano pidieron se les reconozca como sujetos de derecho público; además de salvaguardar y fortalecer su identidad y reconocer sus aportes a la nación, como parte de la grandeza y diversidad cultural de México.
El comisario de la comunidad de Montecillo, municipio de Cuajinicuilapa, Simón Candela Bernal, reconoció que, por primera vez en el país, el gobierno federal ha impulsado acciones para escuchar la palabra del pueblo afrodescendiente y atender sus demandas históricas.
Siguiendo las condiciones sanitarias del semáforo epidemiológico en la región, indígenas residentes y migrantes de diversas partes del país, participaron en la Asamblea de Seguimiento de La Paz, Baja California Sur.
Expusieron la necesidad de que se les garantice apoyo para su reconstitución como comunidades indígenas; así como su derecho a contar con representación y participación política.
La representante de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, (Segob), subrayó que los pueblos indígenas y afromexicano son parte del corazón de este país, por lo que es importante su reconocimiento en el marco normativo; asimismo, reafirmó el compromiso de la institución para seguir construyendo una sociedad más justa e incluyente.
Este documento que se analiza en pueblos indígenas y afromexicano de todo el país, tiene el objetivo de garantizar el reconocimiento, respeto y ejercicio de sus derechos fundamentales. Así como crear las condiciones necesarias para resolver los graves problemas de marginación, pobreza, exclusión, discriminación y racismo que han vivido históricamente.