Con relación a diferentes demandas en tribunales internacionales derivado de la Reforma Energética del anterior gobierno, el Presidente de México reconoció esta mañana, que gran tiempo de su trabajo lo dedica a “enderezar entuertos”, debido a que los gobiernos anteriores permitieron el saqueo de la hacienda pública y “estamos encontrando todavía contratos leoninos, contratos donde se benefició a empresas a costa de perjudicar a la hacienda pública de México”.
El Mandatario informó que el gobierno perdió en tribunales internacionales un litigio acerca de una obra de ampliación de la hidroeléctrica de Chicoasén en Chiapas, con lo que se tendrá que pagar una cantidad.
Dijo el Presidente, que llama la atención que el gobierno mexicano siempre pierda los juicios en la instancia internacional, “porque todo el aparato judicial lo construyeron, todo el andamiaje judicial está construido para favorecer a las empresas, es muy difícil que gane el gobierno, ni en Mexico ni en el extranjero, ante esa situación… se ha optado por buscar acuerdos”.
La Central Hidroeléctrica Chicoasén II era uno de los 23 proyectos estratégicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en ésta administración. Tendría una inversión de 442 millones de dólares, sería la primera en México en utilizar turbinas tipo bulbo de la más alta tecnología, emplearía a dos mil personas en su construcción en 180 hectáreas en Chiapas y generaría energía limpia para iluminar, por lo menos, 1.6 veces la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
La adjudicación del proyecto se remonta a enero de 2015, año en que por licitación la empresa actualmente dirigida por Manuel Bartlett se inclinó por la propuesta del consorcio el cual ofertó más de 380 millones de dólares, casi 170 millones de dólares menos de lo propuesto por el segundo licitante denominado Compañía de Infraestructura Chicoasén II, según la constancia expuesta por Transparencia Mexicana, quien participó como testigo social.
El litigio comenzó en octubre de 2016, cuando el consorcio inició un proceso de arbitraje internacional contra CFE y declaró fuerza mayor. Asimismo, desde marzo de 2018, la empresa productiva del Estado arrancó un procedimiento de rescisión contractual.