El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) condena enérgicamente el cobarde asesinato del fiscal de Justicia Indígena de Chiapas, Gregorio Pérez Gómez, servidor público que se encontraba a cargo de las investigaciones sobre los hechos violentos suscitados en el municipio de Pantelhó.
Este Instituto exige a las instancias de procuración e impartición de justicia, tanto nacionales como estatales, que emprendan las investigaciones correspondientes para identificar y castigar a los responsables de este crimen; además de implementar acciones de apoyo y protección a familiares de la víctima.
Del mismo modo, considera urgente la instalación inmediata de una mesa de diálogo interinstitucional para atender las causas de fondo que propician el crimen y la violencia; a fin de alcanzar, en unidad, un estado de paz y justicia en las comunidades tsotsiles y tseltales.
Por otro lado, el INPI hace un llamado a las instancias competentes para que atiendan las problemáticas y legítimas demandas de los pueblos y comunidades indígenas de Los Altos de Chiapas, sobre todo en materia de justicia, territorio y autonomía.
El Gobierno de México ha establecido una nueva relación horizontal y de respeto con los pueblos indígenas, que parte del diálogo y la construcción de acuerdos a través de sus autoridades comunitarias y órganos de gobierno.
Asimismo, tiene el firme compromiso de trabajar en resarcir la deuda histórica y construir con acciones, una condición de paz y unidad social para los pueblos y las comunidades del país.
El INPI repudia cualquier asesinato o crimen cometido contra personas indígenas, quienes históricamente han sido exiliadas a la impunidad y el olvido; por ello, reitera su compromiso de trabajar por sus derechos e impulsar un Estado pluricultural, justo e incluyente, para que estos lamentables hechos nunca más sean parte de la realidad cotidiana que se vive en las comunidades.
Finalmente, el Instituto solicita que se investigue este caso, que la justicia se imparta de manera igualitaria y que el ser indígena no sea motivo de impunidad ante el crimen.