Este año es especial para los defensores de la riqueza biocultural de México, a los que se suma el Conacyt con orgullo, debido a la publicación del Decreto Presidencial sobre la sustitución gradual hasta la supresión total del glifosato y el maíz transgénico. Es importante subrayar a este respecto que, próximamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se manifestará sobre la constitucionalidad de la suspensión dictada contra la siembra comercial de maíz transgénico en México.
El Conacyt apoya resueltamente a los pueblos originarios y las comunidades campesinas en la defensa de su herencia histórica, entre la que se cuenta las variedades de maíz originarias de México. Debemos proteger al maíz nativo campesino de la contaminación por transgenes, lo que evitará afectaciones importantes a la salud pública derivadas de los alimentos transgénicos y el glifosato.
El 29 de septiembre se celebrará el Día Nacional e Internacional del Maíz. Esta efeméride tiene origen en los festejos, celebraciones y rituales que por estas fechas han realizado, desde la época prehispánica, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de nuestro país. Por ejemplo, los rituales para la protección de la milpa con la ayuda del sahumerio y colocando “cruces prehispánicas” de pericón (con las cuatro esquinas equidistantes al centro de la cruz); la celebración del día de San Miguel Arcángel a quien se le hace la petición para que proteja la milpa, y la convivencia entre familiares, amigos y colaboradores de la “elotiza”, que es un festejo en el que se disfruta en comunidad el resultado del arduo trabajo de cultivo de la milpa.
El invento del maíz por los mexicanos es una proeza tecnológica que no tiene comparación con ningún otro grano en el mundo. Se cosechan alrededor de 1100 millones de toneladas de maíz cada año. Es el grano más cosechado: atrás de él se ubica el trigo con aproximadamente 760 millones de toneladas anuales.
Cada año el Día del Maíz es especial y 2021 no será la excepción, principalmente por la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 31 de diciembre, del decreto presidencial en el que se disponen medidas contundentes para: 1) sustituir gradualmente, hasta su supresión total en 31 de enero de 2024, el uso, adquisición, distribución, promoción e importación del glifosato y los agroquímicos que lo contienen como ingrediente activo, por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural y el ambiente; y 2) revocar y abstenerse de otorgar tanto permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado (GM), como autorizaciones para el uso de grano de maíz GM en la alimentación de las mexicanas y los mexicanos.
El propósito del decreto es contribuir a la seguridad y a la soberanía alimentarias, y servir como medida especial de protección al maíz nativo, la milpa, la riqueza biocultural, las comunidades campesinas, el patrimonio gastronómico y la salud de las y los mexicanos. Este instrumento jurídico es de altísima relevancia para la política ambiental y de salud pública del país, pues reconoce la aplicación del principio precautorio, en consonancia con la protección de diversos derechos fundamentales, frente a la creciente evidencia científica en torno a los impactos a la salud y al ambiente derivados del uso del glifosato y los herbicidas hechos a base de esa sustancia; pone de relieve la indisoluble relación que hay entre éste agrotóxico con los cultivos GM, en particular con los eventos de maíz transgénico.
Se ha anunciado que cinco ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinarán si es constitucional el mantenimiento de la suspensión de la siembra de maíz transgénico, en relación al amparo 1023/2019, promovido por la empresa PHI-México, S. A. de C. V., en contra de la Medida Precautoria que ha impedido el otorgamiento de permisos de liberación al ambiente de maíz GM en México. Este amparo derivó de una Demanda de Acción Colectiva Difusa interpuesta en 2013 por 53 personas (integrantes de organizaciones de la sociedad civil, científicos de distintos centros públicos de investigación e instituciones de educación superior, defensores de derechos humanos, activistas y artistas) en contra de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER, antes SAGARPA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y las empresas Semillas y Agroproductos Monsanto, Monsanto Comercial, Pioneer (PHI) México, Dow Agrosciences de México y Syngenta Agro.
La decisión en la SCJN será trascendental para el futuro de México, debido a que los cientos de miles de poblaciones locales nativas, que corresponden a las parcelas de cultivo de los campesinos y agricultores del país, estarían en riesgo si se decidiera levantar la suspensión de la siembra de maíz transgénico.
Estamos hablando de un suceso de gran relevancia para el cultivo y conservación viva del maíz, por todo lo que esta planta representa: como pilar fundamental de las culturas que florecieron en esta tierra; como base de la alimentación de las mexicanas y mexicanos; como una piedra angular de la economía de nuestro país, desde la escala de las familias campesinas hasta la macroeconomía; por las implicaciones sociales y ambientales, y por sus efectos en la estabilidad genética del cultivo más importante en México y el mundo.
El Conacyt se suma al llamado del pueblo de México para que las autoridades judiciales atiendan el compromiso de proteger la riqueza biocultural del maíz, planta sagrada y fundamental para la nutrición de innumerables pueblos del mundo. El Centro de Origen del Maíz, no puede ponerse en riesgo. La riqueza biocultural y la seguridad agroalimentaria deben ser prioridades nacionales.