En la última semana de marzo de este año 2022, la invasión de Rusia a Ucrania, iniciada el 22 de febrero pasado, ha desembocado en una guerra híbrida, de múltiples dimensiones, entre “occidente” y Rusia, reviviendo la vieja guerra fría con la OTAN a la cabeza; hoy escala a una guerra del imperialismo estadounidense y la Unión Europea, convertida en su satélite subordinado, contra Rusia.
Y detrás de la cual se hacen patentes los intereses de los capitales energéticos y financieros trasnacionales, encabezados por los de Estados Unidos. Las políticas de aislamiento de Rusia alcanzan límites risibles si no mostraran los filos mediáticos e ideológicos de una vieja rusofobia: prohibir todo vestigio de la cultura rusa en “occidente”, no tocar a Chaikovski ni permitir la presentación del ballet ruso ni vender libros de autores rusos ni estudiar en las universidades a Tolstoi, Dostoievski o Chejov.
Lo que no han hecho las potencias imperialistas para detener la guerra del Estado de Israel contra Palestina o la guerra en Siria o para ayudar a sus poblaciones, a sus refugiados, lo hace con extrema prontitud enviando no sólo apoyo humanitario para los más de un millón de ucranianos refugiados en Polonia, sino cubriendo sus intereses, aquellos de los señores del petróleo y del pentágono, enviando armas, drones, municiones…
La escalada de la guerra ha tenido un impacto inmediato en el precio de los energéticos, del petróleo y del gas y de los alimentos, que han acelerado la inflación, particularmente elevando el precio de la electricidad en Europa y amenazado la endeble recuperación económica después de la pandemia. La inflación hacia finales de febrero en Estados Unidos, del orden del 7.9% anual, fue la más alta registrada desde 1982 y todavía no se registraba el aumento de los precios de los energéticos y alimentos.
Y la crisis energética desata una crisis económica y social que, en el caso de España, se precipita en una crisis política incuestionable: diez días de paros y bloqueos de camioneros, multitudinarias manifestaciones de productores agropecuarios y diversos sectores sociales exigiendo ya la “dimisión” del gobierno.
En nuestro país, la política energética seguida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para recuperar la soberanía energética, revertir la cuantiosa importación de gasolina de un país petrolero, terminando con el escandaloso robo de combustible y proteger la economía nacional y popular con el control de precios de los energéticos, en particular de la gasolina, ha garantizado la estabilidad de los precios, en particular el no aumento de la gasolina más allá de la inflación y, con ello, mantener la estabilidad del tipo de cambio.