El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una “aberración” la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la que se eliminó la norma que prohibía a altos exfuncionarios públicos incorporarse a un empleo en la iniciativa privada como establece la Ley Federal de Austeridad Republicana.
“Es una aberración, ¿cómo es posible que se regrese a lo de antes?, y qué era lo de antes, bueno, la vergüenza nacional de que el que privatiza los ferrocarriles, el que acaba con la historia de un siglo y medio de Ferrocarriles Nacionales, Ernesto Zedillo, se va a trabajar después de que termina su mandato como presidente de asesor a la empresa que le entregó los ferrocarriles”.
Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador comentó que aunque la Corte le “corrigió la plana”, no puede callarse ante las “aberraciones” que representa que exfuncionarios se incorporen a empresas privadas tras dejar sus cargos como sucedió con el expresidente Felipe Calderón, quien se integró como miembro independiente en el consejo de administración de la estadounidense Avangrid, filial de la petrolera Iberdrola.
El mandatario federal calificó como inmoral que funcionarios que sirvieron a México se integren pronto a la iniciativa privada.
“Una mezcolanza, una inmoral promiscuidad política, administrativa, entonces no estoy de acuerdo con eso. Hay que buscar la forma, yo no voy a quedarme callado ante estas aberraciones, si es que ya nos ofendieron por decir lo menos con estas prácticas, entonces vamos a continuar”.
Es importante destacar, que por unanimidad, la tarde de este lunes, la Suprema Corte aprobó el proyecto de la ministra Norma Lucía Piña que proponía declarar la inconstitucionalidad de la prohibición por 10 años para que altos exfuncionarios trabajen en empresas privadas. Los ministros argumentaron que la norma establecía un plazo innecesariamente largo (10 años) para que los exfuncionarios pudieran incorporarse a un empleo en la IP.
“La norma establece un plazo innecesariamente largo en comparación con otras medidas alternativas que podrían emplearse, y se dirige a un universo de sujetos que resulta desproporcionadamente amplio, no todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades ni presentan el mismo grado de riesgo de corrupción, por lo tanto la norma es sobreinclusiva”, argumentó el ministro presidente Arturo Zaldívar.