Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, presentó una denuncia contra el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, así como a otros funcionarios de esa misma institución a quienes acusa de tráfico de influencias y otros delitos.
En el texto de la denuncia, la cual se dio a conocer este sábado, Scherer menciona a Juan Ramos López, Manuel Granados Quiroz, Adriana Campos López y María Eugenia Castañón Osorio, a quienes también señala como presuntos responsables de coalición de servidores públicos y asociación delictuosa, junto con Gertz.
“En algunos casos he sido testigo y en otros víctima de hechos que involucran de manera directa, principalmente, al hoy fiscal de la República Alejandro Gertz Manero, y a otros servidores públicos de dicha fiscalía que pudieran constituir conductas delictivas, a través del uso faccioso de la Fiscalía, por intereses personales perversos”, recalcó el ex consejero jurídico en la denuncia.
El documento fue presentado ante la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja, y en él Scherer acusa a Gertz de haber utilizado de manera “facciosa” a la institución a su cargo en contra de su ex cuñada Laura Morán y su hija, Alejandra Cuevas Morán.
A decir de Scherer Ibarra, por no haber querido participar en este último caso, que involucra el fallecimiento del hermano del fiscal, Federico Gertz, hubo represalias en contra suya. Lo anterior quedó patente, dijo, cuando Alejandro Gertz le habría dicho: “usted pudo haber elegido entre un fiscal amigo o un fiscal enemigo”.
En el mismo tono, el ex consejero negó “categóricamente haber cometido delito alguno” y afirmó que la acusación de que formaba parte de una red de funcionarios que supuestamente ofrecía favores a personas involucradas en procesos judiciales para que fueran exculpados es “totalmente falsa”.
Scherer publicó el mes anterior una carta en el semanario Proceso en el que acusó a Gertz Manero y a la hoy ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero de haberlo “extorsionado”, como ocurrió también en los casos del abogado Juan Collado, la cooperativa Cruz Azul y el proyecto del Viaducto Bicentenario.
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Con información de La Jornada