Guardia Nacional, pero adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que se encargará de la política criminal.
“La Guardia Nacional continuará su consolidación como una institución civil adscrita a la SSPC cuya función primaria es contribuir a la seguridad pública y desarrollará sus actividades con capacitación y adiestramiento policiales, de naturaleza no bélica”, expresó en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma legal.
Para que la Defensa pueda ejercer el control operativo de la Guardia Nacional, las atribuciones específicas que tenía la SSPC en la materia serán transferidas al Ejército.
De esta manera, el secretario de la Defensa tendrá a su cargo la expedición de los manuales de organización, de procedimientos y de servicio al público de la Guardia Nacional.
También, los programas operativos y estrategias, así como autorizar los planes y programas para el ingreso, formación, capacitación, especialización y profesionalización del personal de la Guardia Nacional, así como para la capacitación permanente del personal en el uso de la fuerza, cadena de custodia y respeto a los derechos humanos.
Además, el secretario de la Defensa tendrá la facultad de organizar la distribución territorial de ese cuerpo policial y proponer adecuaciones a su estructura orgánica.
Para el Presidente, el riesgo que enfrenta el país es sumamente delicado para el Estado Mexicano, ya que el crimen organizado “se ha convertido en una fuerza cuasi militar’ que usa la violencia en contra de la población y de las instituciones públicas.
En ese sentido se funda la decisión de que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional quede a cargo de la Sedena.
No obstante, acotó: “El propósito final de esta iniciativa no es militarizar al país o implantar el autoritarismo, sino cuidar, con la tutoría de la Sedena, el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad policial de México”.
Precisó que la reforma plantea “una fórmula equilibrada” para la participación de la Defensa en el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional y en ese sentido propuso adecuaciones para fortalecer las facultades rectoras de la SSPC, en materia de planeación y coordinación de la política en la materia, enfocadas a la prevención del delito.
Al respecto, la reforma planteada al artículo 29, fracción IV del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública propone que la Defensa, además de manejar el activo del Ejército y la Fuerza Aérea, ejerza “el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que defina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.
La reforma prevé eliminar el requisito que obligaba a militares y marinos a separarse del Ejército o la Armada para ingresar a la Guardia Nacional, y se añade una disposición para que quienes estén en activo continúen bajo el fuero militar.
La Jornada